La reciente controversia provocada por la adjudicación de contratos del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), por aproximadamente RD$110 millones, a empresas administradas por jóvenes empresarios de Azua, ha sido presentada ante la opinión pública como si constituyera, por sí sola, una evidencia de corrupción. Sin embargo, cuando se examina la narrativa construida alrededor del caso, se observa que existen más insinuaciones que pruebas y más interés en desacreditar al director ejecutivo de la institución, Adolfo Pérez, que en explicar con objetividad cómo se desarrolló el proceso.
El cuestionamiento se ha concentrado en tres elementos: la edad de los empresarios, el poco tiempo de constitución de algunas compañías y su procedencia. Ninguno de esos factores representa automáticamente una violación de la ley. Tener entre 19 y 24 años no inhabilita a una persona para emprender, participar en una licitación o contratar con el Estado. Proceder de Azua tampoco significa que una empresa no pueda ofrecer servicios en San Pedro de Macorís o en cualquier otra provincia del país.
Lo verdaderamente preocupante sería demostrar que esas compañías no cumplieron con los requisitos establecidos, que presentaron documentación falsa, que carecían de la capacidad operativa exigida, que recibieron información privilegiada o que fueron favorecidas mediante la intervención directa de algún funcionario. Hasta el momento, las informaciones difundidas no han demostrado públicamente ninguna de esas circunstancias.
Se ha intentado presentar la juventud como sinónimo de incapacidad y el éxito temprano como motivo suficiente para despertar sospechas. Es una contradicción profunda dentro de una sociedad que constantemente reclama oportunidades para los jóvenes. Los invitamos a emprender, les hablamos de innovación, liderazgo y superación, pero cuando participan en un proceso público y obtienen un contrato importante, inmediatamente preguntamos quién está detrás de ellos.
La edad de los propietarios puede llamar la atención, pero no puede utilizarse como prueba de irregularidad. En una contratación pública deben evaluarse las condiciones establecidas en el pliego, la documentación presentada, la capacidad acreditada y el cumplimiento de las obligaciones. Si las empresas reunieron los requisitos y fueron calificadas por los organismos correspondientes, entonces corresponde respetar el resultado mientras no aparezcan evidencias capaces de demostrar lo contrario.
La intención de personalizar el proceso
Una licitación pública no depende exclusivamente de la decisión personal del director de una institución. En ella participan áreas técnicas, financieras, jurídicas y administrativas, además de los comités responsables de examinar las ofertas. Presentar las adjudicaciones como si Adolfo Pérez hubiera escogido personalmente a cada proveedor constituye una simplificación conveniente para quienes pretenden colocar sobre él toda la carga política del caso.
El INABIE administra uno de los programas sociales y económicos más grandes del Estado dominicano. La alimentación escolar moviliza miles de millones de pesos, cientos de proveedores, numerosas unidades productivas y una compleja estructura de supervisión. En ese escenario existen importantes intereses empresariales y políticos. Cada adjudicación produce ganadores, pero también deja participantes inconformes.
Por esa razón, no puede ignorarse que alrededor de la institución se desarrollan luchas por contratos, espacios de poder y cuotas económicas. Cuando una gestión modifica procedimientos, amplía la participación o altera la distribución tradicional de las adjudicaciones, necesariamente afecta intereses. Y algunos de esos intereses pueden utilizar los medios de comunicación, las redes sociales y la indignación pública para presionar, debilitar funcionarios o recuperar posiciones perdidas.
Esto no significa que toda denuncia sea falsa ni que el periodismo de investigación deba guardar silencio. Fiscalizar al poder es indispensable. Pero también es necesario fiscalizar la forma en que se construyen determinadas acusaciones. Una investigación responsable debe presentar pruebas, establecer vínculos, demostrar violaciones y ofrecer el contexto completo. No debe limitarse a reunir elementos llamativos para insinuar culpabilidad.
En este caso, el nombre de Adolfo Pérez aparece colocado en el centro de una narrativa que todavía no ha demostrado que el funcionario haya recibido beneficios, impartido instrucciones para favorecer a determinadas empresas o mantenido alguna relación indebida con sus propietarios. Aun así, se intenta producir en el público una condena anticipada.
Ese mecanismo es conocido: primero se destaca una cifra millonaria; después se insiste en la juventud de los beneficiarios; luego se introduce su procedencia común y, finalmente, se coloca el rostro del funcionario como responsable. Aunque no se presente una prueba directa, la combinación de esos elementos crea una percepción de culpabilidad. Esa es precisamente la diferencia entre investigar un proceso y desarrollar una campaña de descrédito.
Defender la transparencia también significa defender el debido proceso
Adolfo Pérez debe responder todos los cuestionamientos y colocar a disposición de la ciudadanía los documentos necesarios para demostrar la legalidad del proceso. La transparencia no debilita una gestión honesta; la fortalece. Publicar las evaluaciones técnicas y financieras, las puntuaciones, las garantías y los mecanismos de supervisión permitiría desmontar cualquier versión interesada.
Pero exigir explicaciones no significa aceptar que se destruya la reputación de un funcionario sin pruebas. El derecho al buen nombre, la presunción de inocencia y el debido proceso también deben respetarse en el debate público. Nadie debería ser declarado culpable mediante titulares, insinuaciones o comentarios en las redes sociales.
Si existen irregularidades, que se identifiquen con precisión. Si hubo una violación de los procedimientos, que se documenten los hechos. Si algún proveedor falsificó información o no posee capacidad para cumplir, que se apliquen las consecuencias correspondientes. Pero si las empresas concursaron, calificaron y fueron seleccionadas conforme a las reglas, entonces cuestionarlas únicamente por la edad de sus propietarios constituye un prejuicio, no una prueba.
Adolfo Pérez ha respondido y debe continuar haciéndolo con firmeza, serenidad y documentación. No necesita refugiarse en el silencio ni reaccionar emocionalmente ante cada ataque. La mejor defensa de su gestión estará en los expedientes, en el cumplimiento de los contratos y en la calidad del servicio recibido por los estudiantes.
El país debe observar este caso con sentido crítico. Detrás de ciertas denuncias pueden existir preocupaciones legítimas, pero también intereses desplazados, inconformidades empresariales y aspiraciones políticas. No todo cuestionamiento nace exclusivamente del compromiso con la transparencia.
La vigilancia ciudadana es necesaria, pero también lo es la responsabilidad. No podemos convertir cada adjudicación pública en una condena mediática ni considerar culpable a todo funcionario mencionado en una denuncia. Mucho menos cuando la acusación descansa principalmente en la edad y procedencia de unos empresarios.
Lo que se está desarrollando contra Adolfo Pérez tiene evidentes características de una campaña de descrédito: se personaliza un proceso institucional, se amplifican las sospechas y se omiten los elementos necesarios para demostrar una actuación ilegal. Frente a esa campaña, la respuesta debe ser transparencia absoluta, documentación completa y defensa firme de la verdad.
Fiscalizar no puede significar difamar. Investigar no puede convertirse en condenar anticipadamente. Y preguntar no concede el derecho de presentar una sospecha como si ya fuera una sentencia.
Por Annie Fernández
