Santo Domingo.– El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) confirmó por un nuevo período de siete años a cinco magistrados de la Suprema Corte de Justicia, luego de concluir el proceso de evaluación de desempeño correspondiente a los integrantes del alto tribunal.
Los jueces ratificados son Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Samuel Amaury Arias Arzeno y Rafael Vásquez Goico. La decisión fue adoptada tras las deliberaciones del organismo y conforme a las atribuciones establecidas por la Constitución, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y el Reglamento núm. 2-25 sobre evaluación judicial.
El proceso contempló criterios relacionados con la integridad, la imagen pública, la reputación profesional, la capacidad de análisis, la preparación académica, la eficiencia en la gestión de los casos y la calidad del trabajo jurisdiccional desarrollado por cada magistrado.
La confirmación garantiza la permanencia de los cinco jueces en distintas salas de la Suprema Corte, donde conocen asuntos civiles, comerciales, penales, laborales, inmobiliarios, tributarios y administrativos. Todos poseen una extensa trayectoria en la carrera judicial, la docencia universitaria o el ejercicio del derecho.
Seis puestos quedan vacantes
La decisión del CNM agregó dos vacantes a las cuatro que ya existían, elevando a seis el número de posiciones que deberán ser ocupadas en la Suprema Corte de Justicia. Esto representa una renovación significativa dentro del máximo órgano del Poder Judicial dominicano.
El proceso de recepción de candidaturas continúa abierto. Las propuestas de candidatos podían presentarse hasta el 10 de septiembre, mientras que el plazo para formalizar las postulaciones permanecerá disponible hasta el 15 del mismo mes ante la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura, ubicada en el edificio de la Suprema Corte de Justicia.
La selección de los nuevos jueces tendrá una importancia especial para el futuro institucional del país. Las personas elegidas participarán en decisiones que pueden establecer criterios jurídicos de alcance nacional, incidir en la interpretación de las leyes y definir la respuesta del sistema judicial ante conflictos de elevada trascendencia.
Por esta razón, el proceso deberá desarrollarse con transparencia y bajo principios estrictos de independencia, capacidad, experiencia y ética. La Suprema Corte no solamente representa la última instancia de numerosos procesos judiciales, sino que también ejerce una función determinante en la estabilidad democrática y en la confianza de la ciudadanía en la justicia.
