Santo Domingo.— El economista, historiador y exgobernador del Banco Central Bernardo Vega puso sobre la mesa un debate que toca directamente a cientos de miles de dominicanos residentes fuera del país: la posibilidad de eliminar el voto en el exterior, argumentando que su organización representa un costo cada vez mayor para el Estado frente a los bajos niveles de participación electoral de la diáspora.
Vega plantea que, en lugar de mantener toda la estructura necesaria para organizar elecciones dominicanas fuera del territorio nacional, los ciudadanos residentes en el extranjero que deseen ejercer el sufragio puedan inscribirse y votar directamente en la República Dominicana.
El planteamiento parte fundamentalmente de una relación entre costo y participación. Según explicó, en las últimas elecciones apenas alrededor del 26 % de los dominicanos inscritos en Europa acudió a las urnas, una proporción que señaló como similar a la registrada en Estados Unidos. Mientras la participación disminuye, sostuvo, permanecen los costos fijos y variables necesarios para instalar centros de votación, movilizar personal, transportar materiales y mantener la estructura electoral en el exterior.
La propuesta, sin embargo, abre una discusión que va mucho más allá del presupuesto de la Junta Central Electoral. El voto de los dominicanos residentes en el extranjero está reconocido por la legislación electoral y forma parte de un proceso de incorporación política de una diáspora que mantiene una relación económica, familiar y social extraordinariamente importante con la República Dominicana.
¿Un gasto o un derecho que debe fortalecerse?
Ese es precisamente el punto que probablemente concentrará el debate. La baja participación puede utilizarse como argumento para cuestionar el costo del sistema, pero también podría interpretarse como una señal de que deben revisarse las condiciones que dificultan votar desde el extranjero.
Para miles de dominicanos residentes en Estados Unidos, Europa, Puerto Rico y otras partes del mundo, trasladarse hasta República Dominicana exclusivamente para votar implicaría comprar boletos aéreos, disponer de tiempo laboral y asumir gastos que podrían terminar haciendo prácticamente imposible ejercer ese derecho.
Además, la diáspora dominicana tiene un peso económico indiscutible. Cada año envía miles de millones de dólares en remesas, sostiene directamente a numerosos hogares y mantiene vínculos constantes con el país. Esa realidad inevitablemente convierte cualquier propuesta destinada a modificar su participación electoral en un asunto de especial sensibilidad.
También existe una dimensión política importante. Los dominicanos en el exterior no solamente votan por presidente y vicepresidente, sino que cuentan con representación propia en la Cámara de Diputados a través de las circunscripciones del exterior. Por eso, cualquier transformación profunda del modelo tendría que analizar cuidadosamente sus implicaciones constitucionales y legales.
El debate que plantea Vega
La propuesta de Bernardo Vega tiene el mérito de colocar una pregunta concreta sobre la mesa: ¿cuánto le cuesta al Estado cada voto emitido en el exterior y hasta qué punto resulta sostenible mantener la estructura actual con niveles reducidos de participación?
Pero existe otra pregunta igualmente importante: ¿la respuesta a la baja participación debe ser eliminar el mecanismo o hacerlo más eficiente y accesible?
Reducir gastos públicos constituye un objetivo legítimo. También lo es evaluar periódicamente la eficiencia de las instituciones. Sin embargo, cuando el ahorro presupuestario entra en contacto con el ejercicio de un derecho político, la discusión exige algo más que números.
La diáspora dominicana lleva décadas demostrando que la distancia geográfica no significa desvinculación del país. Participa de su economía, sostiene familias, invierte, regresa, opina y también reclama tener voz en las decisiones nacionales.
La propuesta de Bernardo Vega abre así un debate que promete ser mucho más amplio que el costo de instalar urnas fuera del territorio nacional: obliga al país a preguntarse qué lugar político quiere reservarles a los millones de dominicanos que viven lejos de su tierra, pero continúan formando parte de ella.
