Santo Domingo.– El Ministerio de la Mujer y la Dirección General de Contrataciones Públicas desarrollaron el taller “Compras sensibles al género como motor del desarrollo”, una iniciativa dirigida a fortalecer la participación de las mujeres en el mercado estatal y convertir las contrataciones públicas en una herramienta de inclusión, crecimiento empresarial y autonomía económica.
La jornada reunió a representantes de las áreas de compras y de las Unidades de Igualdad de Género de distintas instituciones públicas. Durante el encuentro se analizaron los mecanismos contemplados en el nuevo marco legal para reducir las barreras que históricamente han limitado el acceso de las empresarias y emprendedoras a las oportunidades comerciales ofrecidas por el Estado.
Uno de los principales instrumentos es la reserva mínima del 30 % de las partidas destinadas a contrataciones públicas para las micro, pequeñas y medianas empresas. De ese porcentaje, un 10 % debe dirigirse exclusivamente a mipymes lideradas por mujeres, mientras el 20 % restante corresponde a mipymes en general.
También fue explicado el alcance del anticipo obligatorio del 30 %, medida que permite a las empresas beneficiarias disponer de capital de trabajo desde el inicio de la contratación. Esta facilidad resulta especialmente importante para pequeños negocios que, aun teniendo capacidad para ofrecer bienes y servicios, enfrentan dificultades de financiamiento para cumplir con los contratos adjudicados.
La capacitación destacó, además, la necesidad de revisar oportunamente los Planes Anuales de Compras y Contrataciones de las instituciones. El objetivo es identificar con anticipación los procesos que pueden reservarse y evitar que la inclusión de las mujeres se limite al discurso, sin traducirse en oportunidades concretas.
El taller también abordó la sentencia TC/0556/26 del Tribunal Constitucional, que ratificó la validez de las cuotas de género en las compras estatales. El fallo reconoce estas reservas como acciones afirmativas legítimas destinadas a compensar desigualdades estructurales y garantizar una competencia más equilibrada.
Sin embargo, el desafío no termina con la aprobación de porcentajes y disposiciones legales. Para que la política produzca resultados deberá existir seguimiento, transparencia y cumplimiento efectivo por parte de las instituciones. También será necesario facilitar la formalización, capacitación e inscripción de más mujeres en el Registro de Proveedores del Estado.
Utilizar el poder de compra del Gobierno para apoyar empresas femeninas puede generar empleos, fortalecer comunidades y reducir la dependencia económica. La meta es que las mujeres no sean solamente beneficiarias de programas sociales, sino proveedoras, empresarias y protagonistas activas del desarrollo nacional.
