San José, Costa Rica. El Gobierno de Costa Rica anunció una serie de medidas para endurecer el régimen penitenciario del país, en una decisión que ha sido comparada por distintos sectores con la estrategia de seguridad implementada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Entre las disposiciones dadas a conocer se encuentra la eliminación de tomacorrientes dentro de las celdas de los centros penitenciarios, una medida que busca impedir que los privados de libertad continúen utilizando televisores, consolas de videojuegos, teléfonos celulares y otros equipos eléctricos considerados ajenos al objetivo del cumplimiento de una condena.
La iniciativa forma parte de una política de mayor rigor impulsada por la administración costarricense, que sostiene que las cárceles deben ser espacios destinados al cumplimiento de las penas y no lugares donde los reclusos mantengan condiciones de comodidad o continúen coordinando actividades delictivas desde el interior de los recintos.
Un giro en la política de seguridad
Durante décadas, Costa Rica fue considerada uno de los países más seguros de Centroamérica. Sin embargo, el incremento de los homicidios vinculados al narcotráfico, las disputas entre bandas criminales y el crecimiento del crimen organizado han llevado al Gobierno a replantear su estrategia de seguridad.
Las autoridades entienden que el sistema penitenciario se ha convertido, en muchos casos, en un centro de operaciones para estructuras criminales, desde donde continúan coordinándose extorsiones, tráfico de drogas y otros delitos mediante el uso de dispositivos electrónicos.
Con la eliminación de los puntos de electricidad en las celdas, el Gobierno busca reducir significativamente esa capacidad operativa.
Un modelo que recuerda a El Salvador
Las medidas han sido comparadas con el denominado “modelo Bukele”, caracterizado por un fuerte control penitenciario, restricciones a los privilegios de los internos y una política de mano dura contra las organizaciones criminales.
Aunque Costa Rica mantiene un marco jurídico distinto al salvadoreño y no ha anunciado un régimen de excepción como el aplicado en El Salvador, sí evidencia una tendencia hacia un sistema penitenciario más estricto, donde la prioridad pasa a ser el control absoluto de los centros de reclusión y la protección de la ciudadanía.
Debate entre seguridad y derechos humanos
Como ocurre con este tipo de reformas, las decisiones han generado opiniones encontradas.
Quienes respaldan las medidas consideran que las cárceles deben impedir cualquier posibilidad de que los delincuentes continúen operando desde prisión y sostienen que el Estado debe priorizar la seguridad de las víctimas y de la población sobre las comodidades de quienes cumplen condenas.
Por otro lado, organizaciones defensoras de derechos humanos recuerdan que toda persona privada de libertad conserva derechos fundamentales y advierten que las políticas penitenciarias deben respetar estándares internacionales, garantizando condiciones dignas de reclusión mientras se combate eficazmente la criminalidad.
Una tendencia regional
La creciente violencia asociada al crimen organizado ha llevado a varios países latinoamericanos a revisar sus modelos de seguridad pública. Costa Rica, tradicionalmente identificada por su estabilidad institucional, parece sumarse ahora a una corriente regional que apuesta por un mayor control del sistema penitenciario como herramienta para enfrentar la delincuencia.
El impacto real de estas medidas dependerá de si logran reducir la capacidad de operación de las organizaciones criminales desde las cárceles y contribuir a mejorar los indicadores de seguridad sin comprometer las garantías fundamentales establecidas por la legislación nacional e internacional.
