En cada proceso electoral reaparece el mismo debate: ¿debe un hijo de un expresidente aspirar a dirigir un país? Para algunos, la respuesta parece automática: el apellido representa un privilegio. Sin embargo, la historia demuestra que la realidad es mucho más compleja. En democracia, el verdadero examen no lo determina el árbol genealógico, sino la capacidad de gobernar y la decisión soberana de los ciudadanos.
La República Dominicana vive hoy un momento interesante. Carolina Mejía, Omar Fernández y Tony Peña representan una nueva generación de dirigentes políticos que, además de compartir la característica común de ser hijos de expresidentes de la República, han construido trayectorias propias en sus organizaciones políticas.
Carolina Mejía, hija del expresidente Hipólito Mejía, ha sido secretaria general del PRM y alcaldesa del Distrito Nacional. Omar Fernández, hijo del expresidente Leonel Fernández, ha desarrollado una carrera legislativa que lo ha convertido en una de las figuras jóvenes de mayor proyección nacional. Tony Peña, hijo del fallecido líder José Francisco Peña Gómez, ha desempeñado importantes responsabilidades en la administración pública y también tiene legítimas aspiraciones a la presidencia.
Reducir cualquiera de estas trayectorias a un solo apellido sería desconocer años de formación, experiencia administrativa, conocimiento del Estado y participación política.
La política, como cualquier otra profesión, también transmite conocimiento de generación en generación. Un médico suele crecer viendo a sus padres ejercer la medicina. Lo mismo ocurre con abogados, empresarios, agricultores o pilotos de aviación. Nadie considera ilegítimo que un hijo continúe la profesión familiar. En política debería aplicarse el mismo criterio.
Crecer dentro de un hogar donde se discuten políticas públicas, relaciones internacionales, administración gubernamental y liderazgo nacional ofrece una formación poco común. Esa experiencia no garantiza el éxito, pero sí proporciona una comprensión profunda del funcionamiento del Estado.
La historia internacional ofrece numerosos ejemplos.
En Estados Unidos, George H. W. Bush fue presidente entre 1989 y 1993. Años después, su hijo, George W. Bush, fue elegido presidente en dos ocasiones. Ninguno llegó al poder por herencia constitucional. Ambos tuvieron que competir en elecciones, convencer a millones de votantes y someterse al escrutinio democrático.
Otro caso emblemático es el de Canadá. Pierre Trudeau marcó una época como primer ministro durante varias décadas del siglo XX. Su hijo, Justin Trudeau, también alcanzó la jefatura del gobierno tras forjar su propio liderazgo político y obtener el respaldo popular.
En Argentina ocurrió algo similar con Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, aunque en este caso fueron esposos y no padre e hijo. La continuidad política tampoco eliminó la necesidad de ganar elecciones.
Incluso en Perú, Keiko Fujimori ha sido candidata presidencial en varias ocasiones. Aunque no ha alcanzado la presidencia, logró competir en las elecciones gracias al respaldo de millones de ciudadanos, no solo por ser hija de Alberto Fujimori. Su apellido abrió puertas para algunos y cerró muchas otras; al final, fue el voto ciudadano el que determinó su destino político.
Estos casos evidencian una realidad: un apellido puede generar notoriedad, pero jamás sustituye el respaldo democrático.
En la República Dominicana existe una tendencia a descalificar automáticamente a quienes provienen de familias políticas, como si la experiencia acumulada fuera un defecto en lugar de un activo. Sin embargo, conocer desde joven el funcionamiento del Estado, las relaciones institucionales y los desafíos de gobernar puede ser una ventaja para cualquier aspirante.
Naturalmente, esa ventaja no debe confundirse con un derecho adquirido. Ningún hijo de un presidente merece llegar al Palacio Nacional únicamente por su apellido. Pero tampoco debería ser descalificado por esa misma razón.
La democracia debe juzgar a las personas, no a los linajes.
Si Carolina Mejía, Omar Fernández o Tony Peña aspiran a la Presidencia de la República, deberán convencer al electorado con propuestas, liderazgo, resultados y visión de país. Tendrán que enfrentar debates, críticas, campañas y elecciones como cualquier otro candidato.
Lo verdaderamente peligroso para una democracia no es que existan hijos de presidentes con aspiraciones políticas. Lo peligroso sería impedirles competir únicamente por su origen familiar.
La igualdad democrática implica exactamente lo contrario: todos tienen derecho a participar, y corresponde exclusivamente al pueblo decidir quién merece gobernar.
Al final, los ciudadanos no votan por un apellido. Votan por quien consideran más preparado para conducir el destino de la nación.
Porque en democracia, el apellido puede abrir una conversación, pero nunca reemplaza el liderazgo, la capacidad ni el veredicto soberano de las urnas.
