Santo Domingo.– La forma en que miles de dominicanos pagan diariamente el combustible podría cambiar en cualquier momento. La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas) advirtió que contempla retirar los verifones de sus 780 estaciones afiliadas si no alcanza un acuerdo con la banca sobre las comisiones aplicadas a los pagos con tarjetas.
El presidente del gremio, Juan Elías Pérez, aseguró que los plazos concedidos para encontrar una solución están llegando a su fin. Según explicó, las estaciones reciben un margen bruto aproximado de RD$25 por cada galón vendido, pero cuando la operación se realiza mediante tarjeta deben destinar entre RD$7 y RD$8 al costo de la transacción.
Esto significa que alrededor del 27 % del margen bruto obtenido por los detallistas puede quedar absorbido por las comisiones asociadas al pago electrónico. Anadegas sostiene que esa carga resulta insostenible porque del dinero restante también deben cubrirse salarios, energía eléctrica, mantenimiento, seguridad, impuestos, inversiones y otros gastos operativos.
El consumidor quedaría en el centro del conflicto
Si la medida llega a ejecutarse, los clientes tendrían que pagar el combustible en efectivo o utilizar cualquier mecanismo alternativo que establezcan las estaciones. Esto podría provocar largas filas en cajeros automáticos, retrasos en los establecimientos y mayores riesgos de seguridad por el manejo constante de dinero.
El impacto sería todavía mayor para conductores que dependen de tarjetas de crédito para organizar sus gastos, turistas, empresas de transporte, servicios de entrega y compañías que utilizan medios electrónicos para controlar el consumo de sus flotillas.
El retiro de los verifones también representaría un retroceso en momentos en que el país procura ampliar la bancarización y reducir el uso del efectivo. Para muchas personas, pagar electrónicamente no es solamente una comodidad, sino una herramienta de seguridad, planificación financiera y transparencia.
Una advertencia, no una suspensión inmediata
Hasta el momento, las estaciones continúan aceptando tarjetas y no se ha comunicado una fecha general para suspender el servicio. La advertencia de Anadegas busca presionar por una revisión de las comisiones antes de adoptar una decisión que afectaría directamente a los consumidores.
El conflicto requiere la intervención del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, Pro Consumidor, la banca y las empresas administradoras de los terminales de pago. Una posible solución sería establecer una tarifa especial para la venta de combustibles, tomando en cuenta que se trata de un mercado regulado donde los detallistas no pueden aumentar libremente sus márgenes para compensar los costos.
Las estaciones tienen derecho a reclamar condiciones que permitan la sostenibilidad de sus negocios, pero cualquier decisión debe considerar el impacto sobre la población. El consumidor no puede convertirse en la parte perjudicada de una disputa entre los distribuidores de combustibles y el sistema financiero.
Más que desconectar los verifones, el desafío consiste en encontrar un acuerdo equilibrado: comisiones razonables para las transacciones electrónicas, rentabilidad para las estaciones y libertad para que los ciudadanos puedan continuar eligiendo cómo pagar su combustible.
