Santo Domingo.– El crecimiento de las transmisiones en vivo, las suscripciones, los regalos virtuales y las propinas digitales ha transformado la manera en que comunicadores, artistas, influencers y productores de contenido generan ingresos en la República Dominicana. Sin embargo, esa expansión también abre una nueva puerta para el movimiento de fondos cuyo origen o destino podría resultar difícil de identificar.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) advirtió que las redes sociales, aplicaciones de mensajería y plataformas de streaming han evolucionado hasta convertirse en ecosistemas que combinan comunicación, entretenimiento y servicios financieros.
En su informe de junio de 2026, el organismo identifica vulnerabilidades en mecanismos como los lives, las suscripciones, las propinas, los regalos digitales, las transferencias entre usuarios y las billeteras de activos virtuales.
La advertencia no significa que monetizar contenido sea ilegal ni que los creadores dominicanos sean sospechosos. El riesgo aparece cuando estas herramientas son utilizadas para recaudar, transferir u ocultar fondos vinculados con actividades ilícitas.
Una realidad que toca directamente al país
En República Dominicana, las transmisiones en vivo se han convertido en espectáculos capaces de reunir a miles de espectadores dentro y fuera del territorio nacional. Durante esas emisiones, los participantes pueden enviar regalos virtuales, realizar aportes, comprar contenido exclusivo o utilizar plataformas externas para transferir dinero.
El problema no está en recibir ingresos legítimos por una actividad digital. La dificultad surge cuando se desconoce quién realizó el pago, de dónde procede el dinero, quién es el beneficiario final o si los recursos fueron retirados y posteriormente entregados a otra persona.
Las pequeñas contribuciones también pueden ocultar operaciones mayores. Cientos de pagos aparentemente insignificantes, procedentes de diferentes cuentas y países, podrían acumular sumas importantes sin despertar las mismas alertas que generaría una sola transferencia bancaria elevada.
Campañas falsas detrás de causas sensibles
El GAFI identifica entre las modalidades de riesgo las campañas digitales presentadas falsamente como iniciativas humanitarias, religiosas o comunitarias. Los responsables pueden aprovechar una tragedia, enfermedad, desastre natural o conflicto internacional para solicitar aportes y movilizar el dinero hacia un destino distinto del anunciado.
Esta advertencia tiene especial importancia para República Dominicana, donde frecuentemente se realizan colectas mediante redes sociales para pagar procedimientos médicos, reparar viviendas, auxiliar familias o responder ante emergencias.
La mayoría de estas iniciativas puede tener una finalidad legítima. Sin embargo, la falta de información sobre los organizadores, beneficiarios y cuentas receptoras puede facilitar fraudes o permitir que terceros desvíen los recursos.
El informe también describe el uso de transmisiones en vivo, propinas digitales, cuentas falsas, publicidad pagada y regalos virtuales para aumentar la visibilidad de determinadas campañas y convertir la audiencia en una fuente rápida de ingresos.
El dinero puede salir del país en segundos
Muchas plataformas digitales operan desde el extranjero y permiten transferencias mediante proveedores internacionales, billeteras electrónicas, tarjetas prepagadas, activos virtuales y códigos QR.
Un creador puede recibir regalos dentro de una aplicación, convertirlos en dinero y transferirlos posteriormente a una cuenta bancaria. También puede ocurrir que el pago sea procesado por una empresa diferente de la plataforma donde se originó la operación.
Esta cadena dificulta establecer responsabilidades y reconstruir el recorrido de los fondos. La red social puede controlar el contenido, otra compañía procesa el pago, una tercera convierte los regalos virtuales y finalmente una entidad financiera recibe el dinero.
El GAFI advierte que, cuando una plataforma controla o facilita de manera significativa la custodia, transferencia o intercambio de fondos, algunas de sus funciones podrían quedar sujetas a obligaciones de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
¿Qué establece la legislación dominicana?
República Dominicana cuenta con la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que establece las conductas penalizadas, las infracciones precedentes y las obligaciones aplicables a diferentes sectores económicos y financieros.
La Unidad de Análisis Financiero recibe, analiza y transmite información relacionada con operaciones sospechosas, mientras distintas entidades supervisan el cumplimiento de las medidas preventivas según el sector correspondiente.
El país también forma parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y ha sido evaluado sobre la efectividad de sus mecanismos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
No obstante, el crecimiento de la economía de los creadores plantea interrogantes que van más allá del sistema bancario tradicional. Las reglas existentes no siempre explican con suficiente claridad cómo deben tratarse los regalos digitales, pagos recibidos durante transmisiones, billeteras integradas o ingresos generados en plataformas extranjeras.
Creadores de contenido también deben protegerse
Los creadores dominicanos necesitan conservar registros de sus ingresos, identificar las plataformas que procesan sus pagos y declarar correctamente los recursos obtenidos por su actividad comercial.
También deben evitar prestar sus cuentas bancarias, recibir dinero para transferirlo posteriormente a terceros o promover colectas cuya procedencia y finalidad no puedan comprobar.
Una persona puede quedar involucrada en una operación sospechosa aunque afirme desconocer el origen de los fondos. Cuando una cuenta recibe numerosos depósitos y luego transfiere rápidamente el dinero, las entidades financieras podrían solicitar explicaciones, bloquear temporalmente operaciones o reportar movimientos inusuales.
La formalización protege al creador. Registrar su actividad, conservar comprobantes, organizar su contabilidad y separar los ingresos personales de los comerciales permite demostrar que los recursos proceden de una actividad legítima.
Regular sin destruir la economía digital
La respuesta no debe ser perseguir a influencers, productores o comunicadores ni imponer controles que hagan imposible la monetización. Miles de personas dependen legítimamente de los ingresos generados mediante contenido digital.
El desafío consiste en crear reglas proporcionales al riesgo. No debe recibir el mismo tratamiento un pequeño creador que obtiene ingresos ocasionales que una plataforma o proyecto capaz de movilizar grandes cantidades de dinero desde múltiples países.
República Dominicana necesita una conversación seria entre la Unidad de Análisis Financiero, la Superintendencia de Bancos, la Dirección General de Impuestos Internos, el Indotel, las entidades financieras, las plataformas tecnológicas y los representantes de la economía digital.
La monetización seguirá creciendo y los mecanismos de pago serán cada vez más rápidos. Ignorar esa transformación dejaría espacios abiertos para el fraude, el lavado de activos y la financiación de actividades criminales.
El mensaje del GAFI no busca condenar la economía digital. Busca impedir que la popularidad, la solidaridad y el entretenimiento sean utilizados para esconder el recorrido del dinero. Para República Dominicana, la advertencia llega a tiempo: la innovación debe avanzar, pero también la transparencia y la capacidad de seguir cada peso desde su origen hasta su destino.
