La propuesta busca sustituir la Ley 153-98 y establecer nuevas reglas sobre conectividad, competencia, infraestructura digital, derechos de los usuarios y ciberseguridad.
Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) puso a disposición de la ciudadanía el borrador del proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, Infraestructura Digital y Conectividad, una iniciativa que pretende transformar el marco jurídico que regula uno de los sectores más estratégicos para el desarrollo nacional.
El documento se encuentra en fase de consulta y todavía no constituye una ley aprobada. Su publicación permitirá que empresas operadoras, usuarios, universidades, especialistas, emprendedores y organizaciones de la sociedad civil presenten observaciones antes de que la propuesta sea remitida formalmente al Congreso Nacional.
Una legislación creada antes de la revolución digital
La propuesta busca reemplazar la Ley General de Telecomunicaciones 153-98, promulgada cuando el acceso a internet era limitado, la telefonía móvil apenas comenzaba a expandirse y todavía no existían tecnologías que hoy resultan esenciales para la vida económica y social.
Durante las últimas décadas surgieron la fibra óptica, las redes móviles de alta velocidad, los centros de datos, las comunicaciones satelitales, los cables submarinos y numerosos servicios digitales. Esa transformación ha dejado importantes áreas sin respuestas suficientemente modernas dentro de la legislación vigente.
El nuevo proyecto procura establecer reglas adaptadas a esa realidad, aunque delimita el alcance del Indotel a las redes, los servicios, las infraestructuras y los recursos relacionados directamente con las telecomunicaciones. En principio, no pretende regular contenidos, comercio electrónico ni plataformas digitales que no estén vinculadas funcionalmente con el sector.
Permisos más rápidos para instalar infraestructura
Uno de los principales obstáculos para ampliar la conectividad en el país es la cantidad de trámites y permisos que deben completar las empresas para instalar antenas, cableado y otras infraestructuras.
Para enfrentar esa dificultad, el borrador propone crear una ventanilla única electrónica que concentre y simplifique estos procedimientos. La medida podría reducir los retrasos administrativos y facilitar la expansión de redes hacia comunidades rurales, barrios periféricos y sectores que todavía reciben servicios deficientes.
También se contempla la posibilidad de que las empresas compartan redes y facilidades esenciales cuando existan condiciones técnicas y económicas adecuadas. Esto permitiría aprovechar mejor la infraestructura disponible, disminuir costos y evitar instalaciones innecesariamente duplicadas.
Sin embargo, estas disposiciones deberán quedar acompañadas de reglas transparentes para impedir que la compartición de infraestructura limite la competencia o termine favoreciendo de manera desproporcionada a determinados operadores.
Más derechos para los usuarios
El proyecto promete ampliar la protección de los consumidores mediante normas sobre calidad y continuidad de los servicios, información comprensible, facturación transparente, portabilidad numérica, accesibilidad para personas con discapacidad y mecanismos de reclamación.
Este será uno de los aspectos más sensibles del debate. Para la ciudadanía, una nueva legislación solo tendrá verdadero valor si se traduce en internet más estable, mejor cobertura, contratos más claros y soluciones rápidas frente a interrupciones, cobros indebidos o servicios que no cumplen con la calidad ofrecida.
La reforma también deberá definir con claridad las consecuencias para las empresas que incumplan sus obligaciones y garantizar que los usuarios cuenten con procedimientos sencillos, gratuitos y efectivos para defender sus derechos.
Ciberseguridad y protección de las redes
Otro de los componentes relevantes es la incorporación de un régimen sectorial de ciberseguridad, destinado a fortalecer la integridad, continuidad y capacidad de recuperación de las redes y de la infraestructura digital.
La conectividad ya no es únicamente un servicio de comunicación. De ella dependen operaciones bancarias, servicios públicos, hospitales, comercios, instituciones educativas y organismos gubernamentales. Una interrupción prolongada o un ataque informático contra estas redes podría afectar áreas esenciales del país.
Por esa razón, la propuesta pretende establecer obligaciones para prevenir incidentes, responder ante amenazas y garantizar la continuidad de los servicios.
El reto de cerrar la brecha digital
La nueva normativa también coloca entre sus prioridades la reducción de la brecha digital. Este desafío no consiste únicamente en llevar señal de internet a más lugares, sino en garantizar que el servicio sea accesible, estable, asequible y suficientemente rápido.
Miles de ciudadanos todavía enfrentan dificultades para estudiar, trabajar, emprender o realizar trámites digitales debido a la falta de conectividad adecuada. La discusión deberá determinar cómo se financiará la expansión hacia las zonas menos rentables para las empresas y qué compromisos concretos asumirán el Estado y las prestadoras.
Una oportunidad que exige vigilancia ciudadana
El presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, presentó la propuesta ante la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Ambas instituciones participarán en su revisión antes de un eventual sometimiento al Congreso Nacional.
La publicación del borrador constituye apenas el inicio de una discusión que puede definir el futuro digital de República Dominicana. El proceso deberá ser abierto y transparente, pues las decisiones que se adopten impactarán el acceso a internet, el costo de los servicios, la competencia empresarial, la protección de los consumidores y la seguridad de las comunicaciones.
Modernizar la legislación resulta necesario, pero no será suficiente con cambiar conceptos o incorporar términos tecnológicos. La futura ley deberá contar con mecanismos de fiscalización, sanciones efectivas y garantías que coloquen al ciudadano en el centro del sistema.
El verdadero éxito de la reforma se medirá cuando una persona pueda contratar un servicio con información clara, recibir la calidad prometida, reclamar sin obstáculos y acceder a una conexión digna sin importar el lugar del país donde viva.
