Santo Domingo. El Gobierno dominicano informó que desarrolla nueve proyectos de construcción de centros penitenciarios, dos de los cuales —ubicados en Higüey y Barahona— ya se encuentran listos, mientras otras instalaciones continúan pendientes de intervención. El anuncio se realizó durante el tercer Encuentro Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, encabezado por el presidente Luis Abinader el jueves 29 de octubre de 2026.
El director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, Roberto Santana, presentó un balance de las obras y de los retos que enfrenta el sistema carcelario. La información oficial no precisó en ese encuentro la fecha de apertura ni la capacidad operativa de los centros de Higüey y Barahona, por lo que estar terminados no equivale necesariamente a que ya estén recibiendo internos.
Las Parras supera los RD$2,000 millones y sigue pendiente de terminación
Durante el encuentro, el presidente Abinader afirmó que la inversión destinada a completar el centro penitenciario Las Parras supera los RD$2,000 millones, pero reconoció que aún quedan trabajos por ejecutar.
El monto comunicado por el mandatario corresponde a las inversiones mencionadas para la terminación de Las Parras; no representa el presupuesto total de los nueve proyectos penitenciarios anunciados.
La situación de ese recinto vuelve a situar el costo de la infraestructura penitenciaria entre las principales interrogantes de la reforma. Sobre esta dimensión del sistema, Voces del Oeste abordó anteriormente el debate sobre cuánto le cuesta un preso al Estado dominicano.
San Juan requerirá otra licitación; continúan obras en otras provincias
Santana informó que el centro proyectado en San Juan deberá someterse a una nueva licitación. Según explicó Abinader, la obra registró dificultades estructurales que obligaron a reconsiderar su continuidad y a buscar trabajos de reforzamiento.
El director también mencionó proyectos en Hato Mayor y Neiba, la reparación del centro de Salcedo y la necesidad de seleccionar un terreno para una instalación en la provincia Independencia. Estas actuaciones se encuentran en distintas etapas y no todas pueden considerarse centros concluidos o en funcionamiento.
Gobierno reporta reducción de la población penitenciaria
Durante su exposición, Santana indicó que la población privada de libertad en República Dominicana pasó de 27,481 personas en 2020 a 25,494 en 2026, según los registros presentados por la institución.
También señaló que la población de la cárcel de La Victoria se ha reducido de aproximadamente 7,600 internos en 2020 a unos 1,900 actualmente. Las autoridades mantienen el objetivo de continuar los traslados de manera gradual, después de evaluar cada caso.
El funcionario planteó que la antigua cárcel de La Victoria podría destinarse a un proyecto de ciudad educativa, una vez se complete su proceso de cierre y traslado. Se trata de una iniciativa proyectada, no de una transformación ya ejecutada.
Hacinamiento, salud y reinserción siguen siendo desafíos
La reforma penitenciaria no se limita a la construcción de infraestructura. Durante la actividad, representantes de la Defensa Pública advirtieron que persisten condiciones precarias y situaciones de hacinamiento en distintos recintos, con consecuencias para la salud, la seguridad y las posibilidades de rehabilitación.
Santana mencionó esfuerzos para mejorar la atención de salud mental en los centros y destacó la existencia de un primer espacio especializado en Najayo. Al mismo tiempo, la institución anunció iniciativas para fortalecer la formación de su personal y los mecanismos de gestión penitenciaria.
La reinserción social también forma parte de este debate. En una cobertura anterior, Voces del Oeste informó sobre programas educativos dirigidos a más de 9,000 personas privadas de libertad.
¿Qué falta por conocer?
El anuncio de los dos centros listos representa una actualización importante, pero quedan pendientes datos esenciales para medir su impacto: las fechas de entrada en funcionamiento, la capacidad de cada instalación, el presupuesto individual de las obras y el calendario de traslado de internos.
El avance de la reforma podrá evaluarse no solo por el número de instalaciones terminadas, sino también por las condiciones de alojamiento, acceso a salud, seguridad, transparencia en el gasto público y oportunidades reales de rehabilitación para las personas privadas de libertad.
Fuentes: Presidencia de la República, comunicado oficial del 29 de octubre de 2026; El Día, 29 de octubre de 2026.
