El Consejo Nacional de la Magistratura concluyó las entrevistas a siete jueces que buscan continuar en la Suprema Corte de Justicia y ahora deberá decidir quiénes serán ratificados. El resultado determinará el alcance de la renovación del máximo tribunal judicial del país.
Santo Domingo.— El Consejo Nacional de la Magistratura concluyó la evaluación pública de siete jueces de la Suprema Corte de Justicia que aspiran a permanecer en sus cargos por un nuevo período, dejando abierto uno de los procesos institucionales más importantes para el futuro inmediato del Poder Judicial dominicano.
Los magistrados evaluados fueron Justiniano Montero Montero, Francisco Jerez Mena, Vanessa Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Alejandro Bello Ferreras, Fran Soto Sánchez y Rafael Vásquez Goico.
Durante las entrevistas, los jueces respondieron preguntas relacionadas con su desempeño, productividad, independencia, integridad, calidad de sus decisiones y capacidad para enfrentar problemas que continúan afectando al sistema de justicia, entre ellos la acumulación de expedientes y la duración excesiva de los procesos.
Concluida esta etapa, corresponde al CNM examinar las respuestas, los informes de desempeño y los demás elementos contemplados en el reglamento para determinar cuáles magistrados continuarán en la Suprema Corte y cuáles deberán ser sustituidos.
La decisión podría conocerse este viernes 28 de agosto, conforme al cronograma comunicado durante el proceso.
Al menos cuatro vacantes están aseguradas
El período de once jueces de la Suprema Corte concluyó en abril. Sin embargo, solo siete decidieron someterse al proceso de evaluación para una posible ratificación.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, junto con Nancy Salcedo, María Garabito y Manuel Herrera Carbuccia, comunicaron que no aspirarán a continuar en sus cargos. Esto significa que, independientemente de la decisión sobre los siete jueces entrevistados, la alta corte ya cuenta con al menos cuatro posiciones que deberán ser ocupadas.
El número definitivo de vacantes dependerá de cuántos de los magistrados evaluados sean ratificados. Cada juez que no reciba la aprobación del CNM abrirá una posición adicional dentro del tribunal.
Por esta razón, la decisión no se limitará a confirmar nombres. También definirá la magnitud de la renovación que deberá realizarse en la Suprema Corte de Justicia.
Una evaluación que debe ir más allá de las entrevistas
El proceso representa una prueba para la credibilidad del Consejo Nacional de la Magistratura. La permanencia de un juez de la Suprema Corte no debería depender exclusivamente de una buena exposición pública, sino de su trayectoria completa, la calidad de sus sentencias, su productividad, su independencia y su conducta durante el ejercicio de sus funciones.
El CNM tiene la responsabilidad de explicar con claridad las razones de cada ratificación o sustitución. La transparencia será fundamental para evitar que las decisiones sean interpretadas como simples acuerdos políticos o repartos de posiciones.
La Suprema Corte ocupa el nivel más alto dentro de la jurisdicción ordinaria y sus decisiones influyen directamente en la seguridad jurídica, la protección de derechos y la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Por eso, elegir o ratificar a sus integrantes no puede convertirse en un trámite protocolar.
El futuro de la justicia está en juego
La renovación ocurre en un momento en que el sistema judicial enfrenta fuertes reclamos por la lentitud de los procesos, la acumulación de expedientes y la necesidad de acercar la justicia a la ciudadanía.
Los jueces que permanezcan y quienes sean posteriormente seleccionados tendrán la responsabilidad de responder a esos desafíos. No bastará con exhibir experiencia o conocimiento jurídico. El país necesita magistrados independientes, eficientes y capaces de decidir sin presiones políticas, económicas o personales.
Tras concluir las entrevistas, el CNM entra ahora en su etapa más delicada: convertir la evaluación en decisiones concretas, justificadas y transparentes.
Lo que se decidirá no será únicamente la continuidad de siete jueces. También se definirá una parte importante del rumbo institucional de la Suprema Corte de Justicia y de la confianza que la sociedad dominicana pueda depositar en su máximo tribunal judicial.
