La llegada de una nueva telefónica puede beneficiar a los consumidores dominicanos, pero la competencia no debe construirse sacrificando la seguridad, los datos personales ni la soberanía del país.
La posible entrada de Viettel al mercado dominicano ha provocado preocupación, entusiasmo y muchas especulaciones. Algunos presentan a la empresa vietnamita como una amenaza inmediata; otros aseguran que será la solución a los altos precios y las deficiencias de las telecomunicaciones.
La verdad no está en ninguno de esos extremos.
Viettel recibió la adjudicación de 240 megahercios del espectro radioeléctrico para operar durante 20 años. Esto representa un paso importante hacia su establecimiento en República Dominicana, aunque todavía deberá constituir una empresa local, invertir en infraestructura y cumplir las condiciones regulatorias antes de ofrecer servicios.
Su llegada puede ser positiva. El mercado dominicano está concentrado principalmente en Claro y Altice, mientras Viva mantiene una participación mucho menor. Millones de usuarios dependen de pocas compañías para conectarse, estudiar, trabajar, hacer negocios y comunicarse. Cuando existen pocas opciones, también disminuye la presión para mejorar los precios, la cobertura y la atención al cliente.
Por eso, una nueva empresa podría representar más competencia y mejores alternativas.
Pero Viettel no es una compañía privada común. Es propiedad del Estado vietnamita y se encuentra vinculada al Ministerio de Defensa de Vietnam. Esa realidad no demuestra que venga a espiar a los dominicanos, pero tampoco puede tratarse como un detalle sin importancia.
Las telecomunicaciones son parte de la infraestructura estratégica de una nación. Por sus redes circulan conversaciones privadas, datos personales, operaciones bancarias, informaciones empresariales y comunicaciones gubernamentales. Permitir que una empresa opere en este sector exige mucho más que comprobar si tiene dinero y capacidad técnica.
Exige saber quién controla la tecnología, dónde se almacenarán los datos, quién podrá consultarlos y qué mecanismos tendrá República Dominicana para intervenir si ocurre una violación.
No debemos condenar a Viettel sin pruebas, pero tampoco recibirla con los ojos cerrados.
Las acusaciones de espionaje deben estar respaldadas por evidencias. Utilizar el miedo para impedir la competencia sería tan irresponsable como ignorar los riesgos por el simple deseo de atraer inversión. La seguridad nacional no puede convertirse en una campaña comercial, pero tampoco puede sacrificarse para conseguir planes telefónicos más baratos.
El país necesita equilibrio y carácter.
También resulta exagerado afirmar que la entrada de Viettel romperá automáticamente las relaciones con Estados Unidos. República Dominicana mantiene una alianza estratégica con esa nación, pero sigue siendo un Estado soberano con derecho a evaluar inversiones procedentes de diferentes países.
La soberanía no consiste en obedecer ciegamente a una potencia ni en abrirle las puertas sin condiciones a otra. Consiste en tomar decisiones propias, defender los intereses nacionales y establecer límites claros.
La presencia de Viettel en Haití tampoco constituye por sí sola una amenaza. Lo verdaderamente importante es conocer cómo estarán separadas las redes, qué controles existirán sobre el flujo de información y si las autoridades dominicanas tendrán capacidad real para fiscalizar las operaciones.
Estas respuestas no pueden quedar únicamente en manos de la empresa.
Indotel y los organismos de seguridad deben explicar qué compromisos de inversión asumió Viettel, qué tecnología utilizará, cómo protegerá los datos y cuáles sanciones enfrentará si incumple. También deben informar quién realizará las auditorías y con qué frecuencia serán inspeccionadas sus redes.
La transparencia es indispensable porque el espectro radioeléctrico no pertenece al Gobierno ni a las compañías. Pertenece al pueblo dominicano.
Pero las reglas no deben aplicarse solamente al nuevo operador. Claro, Altice, Viva y cualquier empresa que maneje información sensible deben someterse a los mismos controles. La seguridad nacional no puede activarse selectivamente cuando aparece un competidor que amenaza intereses económicos establecidos.
Si Viettel cumple las normas, protege los datos, invierte en el país y ofrece mejores servicios, debe tener la oportunidad de competir. Si no puede garantizarlo, no debe operar, sin importar cuánto dinero prometa invertir.
Así de sencillo.
República Dominicana necesita más competencia, pero no a cualquier precio. Necesita inversión extranjera, pero no dependencia. Necesita mejores telecomunicaciones, pero también instituciones capaces de vigilar a empresas poderosas.
El verdadero debate no consiste en decidir si Viettel es amiga o enemiga. Consiste en determinar si el Estado dominicano tiene la firmeza suficiente para aprovechar sus beneficios sin permitir que sus riesgos queden fuera de control.
No debemos reaccionar con miedo, pero tampoco entregar un cheque en blanco.
Las puertas pueden abrirse a la competencia. Lo que nunca deben abrirse son las grietas por donde puedan escapar nuestra seguridad, nuestros datos y nuestra soberanía.
Artículo de opinión
Annie Fernández
