Santo Domingo. La decisión del Gobierno dominicano de solicitar el retiro de nueve miembros de la misión diplomática de Cuba y sus familiares abre una interrogante que hasta ahora permanece sin respuesta: ¿qué ocurrió realmente para que República Dominicana adoptara una medida diplomática de esta magnitud?
La Cancillería dominicana confirmó la decisión, concedió un plazo de siete días para la salida de los funcionarios y se amparó en las facultades reconocidas por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Sin embargo, decidió no revelar públicamente las razones que motivaron la medida.
Y precisamente ese silencio es lo que convierte el episodio en un asunto que merece ser examinado más allá del comunicado oficial.
La Convención de Viena permite a un Estado solicitar el retiro de integrantes de una misión extranjera sin tener que explicar públicamente las razones. Jurídicamente, por tanto, República Dominicana puede actuar de esa manera. Pero que el Estado no esté obligado a explicar una decisión no significa que la sociedad dominicana no pueda preguntarse qué circunstancias políticas, diplomáticas o de seguridad llevaron a tomarla.
¿Por qué nueve funcionarios al mismo tiempo? ¿Qué funciones desempeñaban dentro de la misión cubana? ¿Existió algún incidente previo? ¿Se trató de actividades consideradas incompatibles con sus funciones diplomáticas? ¿Hubo alguna preocupación relacionada con seguridad o inteligencia? ¿O estamos frente a un movimiento esencialmente geopolítico?
Hasta ahora, ninguna de esas preguntas tiene una respuesta oficial.
También resulta inevitable observar el contexto internacional. República Dominicana ha fortalecido considerablemente durante los últimos años su relación estratégica con Estados Unidos, mientras Washington mantiene una posición históricamente confrontada con el Gobierno cubano. Esto no permite concluir que Estados Unidos haya solicitado o provocado la decisión dominicana, porque no existe evidencia pública que lo demuestre, pero sí obliga a preguntarse si estamos frente a una decisión exclusivamente bilateral entre Santo Domingo y La Habana o ante una pieza de un tablero regional mucho más amplio.
También surge una pregunta política interna: ¿hasta dónde corresponde esta decisión directamente al presidente Luis Abinader y hasta dónde responde a una estrategia impulsada desde el Ministerio de Relaciones Exteriores encabezado por Roberto Álvarez?
Incluso puede formularse otra interrogante: en momentos en que cada decisión de alto nivel puede tener lecturas dentro y fuera del Gobierno, ¿fortalece este movimiento la posición política y diplomática del actual canciller?
Plantearlo como pregunta es legítimo. Afirmar que Roberto Álvarez promovió la salida de los diplomáticos cubanos con el propósito de permanecer en el cargo requeriría pruebas que, hasta este momento, no han aparecido públicamente.
Ese es precisamente el punto que hace interesante esta historia.
La Convención de Viena puede explicar cómo República Dominicana pudo solicitar el retiro de los funcionarios sin ofrecer públicamente una justificación. Pero la Convención no responde la pregunta fundamental:
¿por qué decidió hacerlo ahora?
Mientras Cancillería mantenga la reserva, las especulaciones continuarán. Y cuando nueve diplomáticos de una misma misión reciben simultáneamente la orden de retirarse del territorio nacional, no estamos frente a una decisión diplomática rutinaria.
Hay una razón.
Lo que todavía no conocemos es cuál.
