Santo Domingo.– La República Dominicana y Colombia dieron un paso significativo en la lucha contra la criminalidad transnacional mediante la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), destinado a perseguir redes dedicadas a la trata de personas, la explotación sexual, el tráfico ilícito de migrantes y otros delitos vinculados al crimen organizado.
El acuerdo fue firmado por la procuradora general de la República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, con el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
El nuevo mecanismo permitirá que los organismos de persecución de ambos países intercambien información, pruebas y experiencias investigativas, además de coordinar actuaciones y medidas procesales frente a organizaciones que operan en distintos territorios. El convenio cuenta con un plan operativo, lo que permitirá pasar de la declaración de intención a investigaciones concretas.
Una respuesta sin fronteras
La naturaleza internacional de estos delitos obliga a superar las limitaciones de las investigaciones aisladas. Las redes criminales reclutan víctimas en un país, las trasladan hacia otro, movilizan dinero mediante diferentes sistemas y utilizan intermediarios para dificultar la identificación de sus responsables.
La cooperación entre República Dominicana y Colombia busca cerrar esos espacios de impunidad, facilitando que las autoridades puedan reconstruir toda la estructura criminal: desde quienes captan y trasladan a las víctimas hasta quienes financian, administran y se benefician de su explotación.
Durante la firma, Yeni Berenice Reynoso calificó la trata de personas como una prioridad para el Ministerio Público, debido a que convierte a seres humanos en mercancía y representa una violación directa de su libertad y dignidad.
La procuradora también recordó que República Dominicana ya había establecido un equipo similar con Chile y aseguró que el país continuará utilizando estos instrumentos internacionales para enfrentar delitos que sobrepasan las fronteras nacionales.
Seguir la ruta del dinero
Uno de los aspectos centrales del acuerdo será la persecución de las finanzas que sostienen a estas organizaciones. La fiscal colombiana Luz Adriana Camargo Garzón advirtió que el traslado y la explotación de personas requieren recursos económicos, por lo que identificar los movimientos financieros puede conducir hasta los responsables y permitir el desmantelamiento de las redes.
La estrategia no se limitará a detener a los operadores visibles. También buscará localizar el dinero, afectar el patrimonio ilícito y descubrir a quienes financian o reciben los beneficios de esta actividad criminal.
El mecanismo se encuentra amparado por la Convención de Palermo de las Naciones Unidas y por las legislaciones penales de ambas naciones. Su efectividad, sin embargo, dependerá de que el intercambio de información sea oportuno, que las investigaciones produzcan resultados judiciales y que las víctimas reciban protección integral.
La firma representa un avance importante, pero el verdadero impacto deberá medirse en operaciones realizadas, redes desarticuladas, responsables procesados y, sobre todo, vidas rescatadas. Frente a un crimen que no reconoce fronteras, la justicia tampoco puede continuar trabajando de manera aislada.
