Santo Domingo.– El caso SeNaSa entró en una nueva y delicada etapa. La investigación, que inicialmente se concentró en antiguos funcionarios, contratistas y empresarios vinculados a la aseguradora estatal, ahora alcanza a médicos, exempleados, prestadores de servicios de salud y personas relacionadas con el procesamiento de autorizaciones y reclamaciones médicas.
La denominada Operación Cobra 2.0-A, desplegada por el Ministerio Público, dejó 28 personas arrestadas y 37 allanamientos realizados simultáneamente en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. En los operativos participaron fiscales, agentes policiales, investigadores criminales y miembros de organismos de inteligencia.
Al cierre de la jornada del viernes, 20 de los detenidos —ocho mujeres y doce hombres— fueron trasladados al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. El Ministerio Público deberá decidir cuáles serán formalmente sometidos, precisar las imputaciones individuales y solicitar las medidas de coerción correspondientes.
El supuesto mecanismo
Según la investigación, el entramado habría utilizado datos personales y sensibles de afiliados de SeNaSa para gestionar autorizaciones por consultas, cirugías menores y otros procedimientos que nunca fueron solicitados ni recibidos por los asegurados.
La acusación preliminar sostiene que antiguos empleados con acceso a los sistemas internos identificaban afiliados que utilizaban poco su seguro médico. Esa selección habría reducido las posibilidades de que las víctimas detectaran reclamaciones desconocidas registradas a su nombre.
Posteriormente, los datos eran presuntamente utilizados para completar formularios con diagnósticos, procedimientos, firmas y reclamaciones falsas. Algunos médicos habrían firmado, sellado y colocado sus códigos como prestadores para dar apariencia de legalidad a servicios inexistentes.
El dinero era desembolsado por SeNaSa como si las consultas y los procedimientos realmente hubieran sido efectuados. De acuerdo con el expediente, algunos de los prestadores investigados habrían devuelto entre el 40 % y el 60 % de lo cobrado a integrantes de la presunta estructura.
Más de 4,300 autorizaciones investigadas
Las autoridades identificaron 4,363 autorizaciones correspondientes a consultas especializadas y cirugías menores ambulatorias tramitadas entre enero de 2021 y febrero de 2025. El monto relacionado con esta línea específica de investigación asciende a aproximadamente RD$41.1 millones.
Esta cifra no debe confundirse con el impacto económico atribuido a la investigación general del caso SeNaSa, que el Ministerio Público sitúa cerca de los RD$16,000 millones. Los RD$41.1 millones corresponden únicamente al grupo de autorizaciones médicas fraudulentas analizadas en esta fase.
Fiscales entrevistaron a afiliados cuyos nombres aparecen en las reclamaciones. Muchos negaron haber recibido los servicios registrados, conocer a los médicos o visitar los centros donde supuestamente fueron atendidos. Algunos afirmaron que, en las fechas señaladas, se encontraban trabajando, fuera de la ciudad o incluso fuera del país.
Las firmas también fueron sometidas a experticias. De acuerdo con la documentación judicial, análisis realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses habrían determinado que varias no correspondían a las firmas auténticas de los afiliados afectados.
Una investigación que entra al corazón del sistema
La importancia del caso trasciende las cantidades económicas. Si las acusaciones son demostradas, se habría utilizado la identidad médica de ciudadanos y la confianza depositada en profesionales de la salud para convertir procedimientos inexistentes en pagos reales.
El fraude no solamente habría lesionado el patrimonio público. También pudo contaminar los historiales de los afiliados con diagnósticos y procedimientos que nunca recibieron, comprometiendo la integridad de una información extremadamente sensible.
La nueva fase plantea, además, preguntas inevitables: ¿cómo pudieron procesarse miles de autorizaciones sin que los controles internos las detectaran oportunamente?, ¿quiénes validaban las reclamaciones?, ¿cuántos prestadores participaron?, ¿existían patrones de facturación que debieron encender alertas? y ¿por qué fue posible acceder a los datos de los afiliados para utilizarlos presuntamente durante años?
El Colegio Médico pide respeto al debido proceso
El Colegio Médico Dominicano informó que dará seguimiento al proceso y manifestó que no ampara violaciones a la ley. Al mismo tiempo, recordó la necesidad de respetar el debido proceso y las garantías de los profesionales investigados.
Las detenciones y órdenes de allanamiento no constituyen condenas. Corresponderá al Ministerio Público presentar las pruebas individualizadas y a los tribunales establecer las responsabilidades penales. No todos los arrestados necesariamente tendrán el mismo grado de participación ni enfrentarán las mismas imputaciones.
Abogados de varios detenidos han solicitado acceso oportuno a sus representados y conocimiento preciso de las acusaciones. Estas reclamaciones también deberán ser observadas, porque la gravedad de un expediente no elimina las garantías constitucionales de quienes están sometidos a investigación.
Abinader pide profundizar las investigaciones
El presidente Luis Abinader solicitó que las investigaciones sean profundizadas y que toda persona contra la cual existan méritos sea sometida a la justicia. El mandatario consideró especialmente grave que las actuaciones investigadas estén relacionadas con el sector salud y sostuvo que el proceso debe servir como advertencia frente a la corrupción.
Sin embargo, el verdadero alcance del caso no se medirá únicamente por la cantidad de allanamientos o arrestos. Se medirá por la capacidad del Ministerio Público para presentar pruebas sólidas, recuperar los recursos presuntamente desviados, identificar todas las responsabilidades y conseguir decisiones judiciales sustentadas.
Lo que falta por conocerse
Todavía debe establecerse cuáles de las 28 personas detenidas serán formalmente imputadas, qué participación concreta se atribuirá a cada una, cuál es el valor de los bienes ocupados y si las evidencias obtenidas conducirán a nuevas detenciones, empresas o centros de salud.
También falta determinar la dimensión completa del uso indebido de los datos de los afiliados y si existen otras autorizaciones fraudulentas que aún no han sido identificadas.
SeNaSa administra recursos destinados a garantizar atención médica, principalmente a sectores vulnerables. Cada peso desviado representa una consulta, un medicamento, un estudio o un procedimiento que pudo faltar cuando un ciudadano realmente lo necesitó.
Por eso, el caso SeNaSa 2.0 no debe verse únicamente como otro expediente de corrupción. Se trata de una investigación sobre dinero público, datos personales, ética médica y el derecho fundamental a la salud. La ciudadanía espera que se llegue hasta el final, con transparencia, firmeza y absoluto respeto al debido proceso.
