Santo Domingo. Desde que el presidente Luis Abinader asumió el poder en agosto de 2020, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) ha tenido tres titulares: Roberto Fulcar, Ángel Hernández y Luis Miguel De Camps. Visto únicamente como un dato administrativo, podría parecer una sucesión normal dentro de un gobierno que ya transita su segundo período. Pero cuando se trata de Educación, los cambios de mando tienen un peso mayor: cada relevo pone sobre la mesa la continuidad de las políticas públicas, la ejecución de los recursos y, sobre todo, la capacidad del sistema para convertir planes y presupuestos en mejores resultados para los estudiantes.
Roberto Fulcar asumió Educación en agosto de 2020, probablemente en uno de los momentos más complejos que haya enfrentado el sistema educativo dominicano en tiempos recientes. La pandemia de COVID-19 obligó al país a transformar en cuestión de meses una estructura concebida para la presencialidad. Educación a distancia, dispositivos tecnológicos, conectividad, contenidos digitales y posteriormente el retorno a las aulas dominaron una gestión marcada inevitablemente por la emergencia.
Dos años después llegó el primer gran relevo. En agosto de 2022, mediante el Decreto 414-22, el presidente Abinader sustituyó a Fulcar y designó a Ángel Hernández. El nuevo ministro llegó planteando como prioridades la calidad de los aprendizajes, el orden institucional, el cumplimiento del calendario escolar, la evaluación de los recursos humanos y una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Hernández permaneció al frente del MINERD hasta febrero de 2025, cuando Luis Miguel De Camps asumió la conducción de una de las instituciones más grandes, complejas y estratégicas del Estado dominicano. Con De Camps comenzó una tercera etapa dentro de una misma administración gubernamental, pero con desafíos que siguen teniendo un denominador común: lograr que la inversión educativa se traduzca de manera más visible en calidad.
El verdadero debate no son los nombres
El punto de fondo no debería limitarse a determinar si tres ministros en seis años representan muchos o pocos. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿cuánto puede avanzar una política educativa cuando cambia periódicamente la persona responsable de dirigirla?
La educación no produce resultados inmediatos. Una reforma curricular, un programa de alfabetización, una estrategia para mejorar matemáticas, un proyecto de infraestructura o un sistema de formación docente requieren años de aplicación, seguimiento, evaluación y corrección. Por eso, cuando cambia un ministro, el desafío institucional consiste en evitar que cambie también el rumbo completo del sistema.
Una política educativa seria no puede comenzar de cero con cada incumbente.
Ese es precisamente uno de los grandes retos del Estado dominicano: construir políticas educativas suficientemente sólidas para sobrevivir a los funcionarios que temporalmente las administran. Los ministros pasan; los estudiantes permanecen. Las administraciones cambian; las escuelas continúan abiertas. Y cada interrupción, retraso o improvisación termina teniendo consecuencias dentro del aula.
Un ministerio con enormes recursos y enormes expectativas
Educación tiene además una particularidad que aumenta el escrutinio ciudadano: administra una de las mayores partidas presupuestarias del Estado como consecuencia de la asignación del 4 % del producto interno bruto a la educación preuniversitaria.
Por eso la discusión ya no puede concentrarse exclusivamente en cuánto dinero recibe el sistema. La sociedad dominicana tiene derecho a preguntarse qué está obteniendo a cambio de esa inversión.
Más aulas son importantes. Más docentes también. La alimentación escolar, los libros, el transporte, la tecnología y la capacitación constituyen componentes indispensables. Pero el indicador definitivo continúa estando sentado frente a una pizarra: el estudiante y lo que realmente está aprendiendo.
Si después de años de inversiones persisten dificultades importantes en comprensión lectora, matemáticas, infraestructura, disponibilidad de cupos, formación docente o gestión administrativa, entonces el debate necesariamente debe avanzar desde la cantidad de recursos hacia la calidad del gasto y sus resultados.
De Camps enfrenta ahora su propia prueba
Actualmente, Luis Miguel De Camps dirige el MINERD en momentos en que el sistema se prepara para el año escolar 2026-2027, previsto para iniciar el 24 de agosto con más de dos millones de estudiantes. El Gobierno ha informado que trabaja en la incorporación de nuevas aulas y que mantiene desplegados equipos en las regionales educativas para garantizar el comienzo de las clases.
Ese esfuerzo es importante, pero el desafío de De Camps será mucho mayor que lograr que las escuelas abran sus puertas a tiempo.
Su verdadera prueba será demostrar que el sistema puede avanzar simultáneamente en infraestructura, calidad educativa, profesionalización docente, disciplina administrativa y resultados académicos. Tendrá además que administrar las expectativas acumuladas después de dos gestiones anteriores dentro del mismo gobierno.
Porque después de seis años ya resulta más difícil explicar los problemas exclusivamente como herencias recibidas.
La continuidad también debe rendir cuentas
Los tres ministros han enfrentado realidades distintas. Sería injusto evaluar a Fulcar sin considerar una pandemia mundial; sería incorrecto analizar a Hernández ignorando que recibió un sistema todavía afectado por las consecuencias educativas de aquella crisis; y tampoco sería razonable juzgar anticipadamente a De Camps cuando todavía desarrolla su gestión.
Pero reconocer esas circunstancias no significa renunciar a exigir resultados.
La educación dominicana necesita menos dependencia de nombres particulares y mayor fortaleza institucional. Necesita objetivos nacionales medibles, políticas que tengan continuidad, evaluaciones transparentes y mecanismos capaces de determinar qué funciona, qué debe corregirse y qué simplemente debe abandonarse.
El problema nunca será únicamente que hayan pasado tres ministros por Educación desde 2020. El verdadero problema sería que, después de cada cambio, el país continúe discutiendo exactamente las mismas deficiencias.
Ahí está la discusión que vale la pena abrir.
Porque cuando cambia un ministro, cambia un despacho. Cuando falla una política educativa, en cambio, puede comprometerse una generación completa.
Y después de Roberto Fulcar, Ángel Hernández y Luis Miguel De Camps, la pregunta que debería ocupar el centro del debate nacional no es quién será el próximo ministro, sino algo mucho más trascendente:
¿está aprendiendo más y mejor el estudiante dominicano?
La respuesta a esa pregunta será, finalmente, la medida más importante para juzgar cualquier gestión al frente del Ministerio de Educación.
