Santo Domingo.– El Tribunal Superior Administrativo (TSA) dejó sin efecto la decisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) que había anulado varias adjudicaciones realizadas por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) para la adquisición de calzado escolar.
La sentencia favorece a siete proveedores que acudieron ante la jurisdicción contencioso-administrativa para impugnar la actuación de Contrataciones Públicas. El tribunal entendió que el procedimiento utilizado para retirar las adjudicaciones no fue el jurídicamente correspondiente, debido a que se trataba de actos administrativos que ya habían adquirido firmeza y, en algunos casos, habían generado la firma de contratos.
De acuerdo con el criterio establecido por el TSA, la DGCP no podía eliminar directamente esas adjudicaciones mediante una investigación de oficio. Si consideraba que los actos perjudicaban el interés público o estaban afectados por alguna irregularidad, debía iniciar un procedimiento de declaración de lesividad y posteriormente acudir ante la jurisdicción administrativa para solicitar formalmente su anulación.
La decisión judicial representa un revés procesal para Contrataciones Públicas y restablece los efectos de las adjudicaciones respecto de las empresas que interpusieron la acción. Sin embargo, el fallo no necesariamente significa que el tribunal haya descartado las irregularidades que pudieron ser señaladas durante la investigación del proceso.
El punto central de la sentencia está en la forma utilizada para anular los actos, no en una declaración definitiva sobre la transparencia o legalidad de todas las actuaciones examinadas. En otras palabras, el TSA determinó que, aun cuando una institución identifique posibles irregularidades, debe respetar el debido proceso y utilizar las vías legales correspondientes.
El caso vuelve a colocar bajo atención pública los procesos de contratación del INABIE, una institución responsable de adquirir uniformes, calzados, mochilas y otros insumos destinados a miles de estudiantes del sistema educativo público.
La compra de calzado escolar no constituye únicamente una operación comercial: involucra recursos públicos y productos esenciales para las familias dominicanas. Por esa razón, tanto el INABIE como la DGCP deberán explicar con claridad cuáles serán los próximos pasos y cómo la sentencia afectará la entrega de los artículos escolares.
El fallo también deja una advertencia institucional: la fiscalización de las contrataciones públicas es indispensable, pero debe realizarse respetando las competencias, los procedimientos y las garantías establecidas por la ley. La transparencia no solamente exige investigar; también obliga a actuar correctamente para evitar que una decisión administrativa sea anulada por errores de procedimiento.
