Santo Domingo.– El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini, advirtió que el proceso judicial seguido contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, representa una prueba importante para la credibilidad y coherencia del sistema de justicia dominicano y para el discurso institucional de lucha contra la corrupción.
Marranzini consideró que, después de las graves acusaciones que han acompañado el expediente desde sus inicios, resultaría difícil de explicar que un proceso presentado públicamente como uno de los casos de corrupción administrativa de mayor relevancia de los últimos años termine sin que las imputaciones puedan ser debidamente sostenidas y esclarecidas ante los tribunales.
El dirigente empresarial señaló que alrededor del expediente se han denunciado múltiples irregularidades y se han mencionado importantes sumas de dinero, por lo que entiende que corresponde a la justicia determinar con claridad qué ocurrió, cuáles acusaciones cuentan realmente con respaldo probatorio y qué responsabilidades individuales pueden establecerse conforme al debido proceso.
Para Marranzini, el punto central trasciende incluso la situación particular del exprocurador. A su juicio, lo que está en juego es la capacidad del sistema para actuar con consistencia entre lo que inicialmente se denuncia, lo que posteriormente se presenta ante los tribunales y aquello que finalmente puede ser probado.
Sus declaraciones colocan nuevamente en el debate público uno de los aspectos más sensibles del caso Jean Alain Rodríguez: la necesidad de que la lucha contra la corrupción no dependa únicamente del impacto de las acusaciones, sino de expedientes jurídicamente sólidos, pruebas suficientes y decisiones judiciales capaces de resistir el escrutinio público.
El planteamiento también pone sobre la mesa un principio fundamental: una acusación, por grave que sea, no constituye por sí sola una condena. Corresponde a los tribunales establecer responsabilidades, respetando tanto la independencia judicial como las garantías constitucionales de las personas sometidas a un proceso penal.
El caso contra Jean Alain Rodríguez ha mantenido una elevada atención pública debido a la relevancia de las imputaciones formuladas y a la posición que ocupó como procurador general de la República. Precisamente por esa dimensión institucional, Marranzini entiende que cualquier desenlace tendrá repercusiones que irán mucho más allá de los involucrados directamente.
En definitiva, sus declaraciones introducen una advertencia de fondo: la credibilidad de una política de persecución de la corrupción no se mide solamente por la cantidad o notoriedad de los expedientes abiertos, sino por la capacidad del Estado de demostrar sus acusaciones dentro de los tribunales, respetar el debido proceso y permitir que sea la justicia la que determine, con pruebas y conforme a la ley, quién debe responder y quién no.
