Artículo de análisis
Por Annie Fernández
Santo Domingo.— Cinco figuras de dirección en seis años, incluyendo una gestión interina, no deberían verse simplemente como una sucesión de nombramientos. En una institución como el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), responsable de uno de los problemas más complejos y persistentes de República Dominicana, esa rotación obliga a una pregunta mucho más profunda: ¿hemos estado cambiando directores o realmente transformando el tránsito?
Desde 2020, la institución ha atravesado diferentes etapas de dirección. Cada una ha llegado con circunstancias, prioridades y estilos distintos, pero la frecuencia de los relevos deja sobre la mesa un problema que trasciende cualquier nombre: la falta de continuidad puede terminar debilitando incluso las mejores políticas públicas.
Ordenar el tránsito dominicano no es una tarea que pueda comenzar nuevamente cada vez que cambia un funcionario. Requiere planificación de largo plazo, tecnología, fiscalización, educación vial, regulación del transporte y una estructura técnica capaz de sostener los proyectos independientemente de quién ocupe la Dirección Ejecutiva.
El INTRANT también ha atravesado momentos difíciles para su credibilidad. Las controversias surgidas alrededor del contrato para la modernización del sistema semafórico y el posterior proceso judicial del denominado caso Camaleón colocaron a la institución bajo un nivel de escrutinio que inevitablemente afectó la confianza pública. Sin prejuzgar responsabilidades individuales, que corresponde determinar a los tribunales, institucionalmente quedó una lección: la modernización no puede construirse sin transparencia, controles y seguridad en los procesos administrativos.
Las administraciones posteriores han tenido que cargar, además de con los problemas históricos del tránsito, con la responsabilidad de recuperar esa confianza. Y cuando nuevamente se produce un cambio de mando, surge una preocupación legítima: qué ocurrirá con los proyectos iniciados, cuáles continuarán y cuáles volverán a replantearse.
La llegada de una nueva dirección debería servir precisamente para romper esa dinámica. El próximo director no necesita demostrar autoridad cambiándolo todo; necesita demostrar liderazgo sabiendo qué debe continuar y qué debe corregirse. La institucionalidad también consiste en reconocer que el Estado no comienza con cada funcionario.
Mientras discutimos nombres y decretos, el ciudadano continúa enfrentándose diariamente a congestionamientos, desorden, imprudencias, debilidades en la fiscalización y una seguridad vial que sigue representando un enorme desafío nacional. Esa realidad demuestra que el problema es mucho más profundo que quién ocupa un despacho.
Cinco figuras de dirección en seis años llaman la atención. Pero la cifra por sí sola no debería ser el escándalo. Lo preocupante sería descubrir que después de cada cambio la institución vuelve al punto de partida.
El INTRANT necesita estabilidad, equipos técnicos fuertes, planificación, transparencia, indicadores que permitan medir resultados y una política nacional de movilidad que sobreviva a los funcionarios.
Porque una institución verdaderamente sólida no se mide por cuánto puede hacer un director mientras permanece en el cargo, sino por cuánto de lo construido permanece cuando ese director se marcha.
Después de seis años, quizás esa sea la reflexión que realmente corresponde hacer: el INTRANT no necesita seguir dependiendo de quién lo dirige; necesita convertirse finalmente en una institución suficientemente fuerte para que los cambios de nombres no cambien el rumbo del país.
Annie Fernández
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