La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados realizó una inspección en el centro hospitalario, mientras sectores médicos reclaman una investigación independiente que permita establecer responsabilidades
SANTO DOMINGO.– La muerte de 17 recién nacidos durante el mes de agosto en el Hospital Docente Universitario Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia mantiene encendidas las alarmas sobre las condiciones de la atención neonatal en uno de los principales centros maternos del país.
Una comisión de la Cámara de Diputados se trasladó hasta el hospital para revisar los expedientes clínicos, conversar con las autoridades y conocer las circunstancias en las que se produjeron los fallecimientos. Tras la evaluación preliminar, los legisladores informaron que tres de los bebés habrían presentado infecciones bacterianas, mientras los demás casos estarían relacionados con prematuridad extrema, bajo peso al nacer y otras complicaciones de salud.
El presidente de la Comisión Permanente de Salud, diputado Diomedes Rojas, señaló que los expedientes revisados permiten identificar las causas clínicas reportadas por el hospital. Sin embargo, el examen realizado por los congresistas no sustituye una investigación epidemiológica, científica y administrativa independiente capaz de determinar si existieron fallas en los protocolos, contaminación dentro de las instalaciones o deficiencias en la atención.
Diversas organizaciones médicas han solicitado al Gobierno profundizar las investigaciones. El reclamo surge ante la preocupación de que las infecciones detectadas puedan estar vinculadas con bacterias presentes en el entorno hospitalario, una posibilidad que todavía no ha sido confirmada oficialmente.
La cifra de 17 muertes neonatales en un solo mes demanda una explicación detallada. No basta con enumerar diagnósticos en los expedientes: las autoridades sanitarias deben determinar cuándo se originaron las infecciones, qué tipo de bacterias fueron identificadas, si los recién nacidos estuvieron ingresados en una misma área y si se activaron oportunamente los protocolos de vigilancia y control.
También debe establecerse si durante ese período existieron dificultades relacionadas con la cantidad de personal, disponibilidad de insumos, funcionamiento de los equipos, limpieza de las unidades neonatales o cumplimiento de las medidas de bioseguridad.
La prematuridad y el bajo peso constituyen factores importantes de riesgo, pero no deben utilizarse para cerrar anticipadamente la discusión. Precisamente por su vulnerabilidad, estos pacientes requieren ambientes rigurosamente controlados y una atención especializada capaz de reducir al mínimo la exposición a infecciones.
El Servicio Nacional de Salud ha impulsado programas dirigidos a disminuir la mortalidad neonatal y fortalecer las unidades de cuidados intensivos de la red pública. No obstante, el caso ocurrido en la Maternidad La Altagracia evidencia la necesidad de evaluar permanentemente la aplicación efectiva de esos protocolos dentro de cada hospital.
Las familias de los bebés fallecidos tienen derecho a recibir información clara, individualizada y documentada. También deben conocer si los casos guardan relación entre sí y qué medidas correctivas fueron adoptadas para evitar nuevos fallecimientos.
La transparencia no busca condenar anticipadamente a médicos, enfermeras ni autoridades. Su propósito es proteger a los pacientes, identificar posibles fallas y recuperar la confianza en el sistema público de salud.
Diecisiete muertes no pueden convertirse en una simple cifra dentro de un informe. Detrás de cada caso existe una familia que llegó al hospital esperando regresar a casa con su hijo. El país necesita respuestas completas, verificables y respaldadas por una investigación verdaderamente independiente.
