Santo Domingo.– El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) suspendió los contratos de 14 proveedores del Programa de Alimentación Escolar, luego de comprobar irregularidades técnicas, sanitarias y operativas durante nuevas inspecciones realizadas después de la adjudicación de los servicios de desayuno y almuerzo escolar.
Las contrataciones corresponden a las licitaciones públicas nacionales destinadas a cubrir los años lectivos 2026-2027 y 2027-2028. La decisión forma parte de un proceso de fiscalización mediante el cual la institución busca verificar que los suplidores conserven las condiciones presentadas al momento de competir y resultar adjudicados.
Entre los hallazgos que provocaron las suspensiones figuran cocinas desmanteladas, establecimientos que no pudieron ser localizados en las direcciones declaradas por los oferentes y diferencias entre la capacidad de producción reportada durante el proceso de contratación y la encontrada posteriormente por los inspectores.
También fueron detectados incumplimientos de las Buenas Prácticas de Manufactura, deficiencias en las instalaciones y los equipos, condiciones sanitarias inadecuadas, negocios cerrados sin actividad productiva ni controles documentales, locales en proceso de remodelación y cambios de domicilio realizados sin la autorización correspondiente.
Los proveedores suspendidos están ubicados en San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Francisco de Macorís, Cotuí, La Altagracia, Bahoruco, Santo Domingo Este, Santiago, Hermanas Mirabal, San Juan, Elías Piña y Duvergé.
El INABIE informó, además, que realiza nuevas verificaciones en San Pedro de Macorís, luego de recibir denuncias sobre posibles incumplimientos de otros proveedores adjudicados. Las inspecciones continuarán en diferentes puntos del país para determinar si las empresas contratadas mantienen la infraestructura, capacidad productiva y condiciones sanitarias exigidas.
La alimentación escolar es un servicio sensible del que dependen diariamente miles de estudiantes, especialmente aquellos pertenecientes a familias de escasos recursos. Por esa razón, cualquier alteración de las condiciones ofrecidas durante una licitación puede comprometer no solamente la calidad del servicio, sino también la salud y seguridad de los alumnos.
La suspensión constituye una medida preventiva mientras se desarrollan los procedimientos administrativos correspondientes. Los proveedores deberán tener la oportunidad de presentar sus argumentos y documentos, mientras la institución evalúa si procede mantener la suspensión, rescindir los contratos o aplicar otras sanciones.
El caso también plantea interrogantes sobre cómo algunos establecimientos lograron superar las evaluaciones iniciales y posteriormente aparecieron desmantelados, cerrados o con una capacidad diferente a la declarada. Más allá de suspender a los suplidores, será necesario esclarecer si las irregularidades surgieron después de la adjudicación o si existieron fallas en las inspecciones previas.
La actuación del INABIE representa una señal importante de vigilancia, pero el verdadero compromiso con la transparencia deberá medirse por la profundidad de las investigaciones, la identificación pública de las responsabilidades y la garantía de que ningún estudiante deje de recibir alimentos seguros y de calidad debido a la suspensión de estos contratos.
