Salarios extraordinarios, bonos millonarios, ciudadanía acelerada y cancelación de deudas forman parte de una estrategia destinada a mantener el frente sin ordenar otra movilización masiva.
Por Annie Fernández
¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar un gobierno para conseguir soldados para una guerra?
La respuesta, en el caso de Rusia, parece ser sencilla: lo necesario para que firmar un contrato militar resulte más atractivo que continuar viviendo bajo el peso del desempleo, las deudas o la falta de oportunidades.
La guerra entre Rusia y Ucrania no se libra solamente con drones, tanques, artillería y misiles. También se pelea con salarios, bonos de contratación, beneficios para las familias, promesas de ciudadanía y mecanismos de cancelación de deudas. Detrás de cada ofensiva existe una batalla menos visible: la competencia por conseguir suficientes hombres para sostener un conflicto prolongado.
A septiembre de 2026, Rusia continúa utilizando importantes incentivos económicos para atraer personas dispuestas a firmar contratos militares. El pago federal mínimo por suscribir un contrato de al menos un año se mantiene en 400,000 rublos, pero esa cantidad representa apenas el punto de partida. Las regiones pueden añadir sus propios bonos, llevando la remuneración inicial a varios millones de rublos, además del salario mensual y los pagos especiales por participar en operaciones de combate.
En algunas ciudades y regiones, el ingreso prometido durante el primer año puede superar ampliamente lo que un trabajador ruso promedio tardaría varios años en ganar. En Moscú, por ejemplo, se llegó a ofrecer un bono municipal de 1.9 millones de rublos, que, combinado con el pago federal, el salario y otros incentivos, colocaba el paquete anual cerca de los cinco millones de rublos.
A esto se suma una medida todavía más reveladora: la posibilidad de cancelar hasta diez millones de rublos en deudas atrasadas a determinados reclutas y sus cónyuges.
La oferta deja entonces de ser únicamente militar. Para una persona endeudada, desempleada o sin perspectivas de movilidad social, el contrato puede presentarse como una salida económica inmediata, aunque el precio real sea colocar su vida en manos de la guerra.
La necesidad convertida en herramienta de reclutamiento
El dinero no tiene el mismo significado para todas las personas. Una cantidad que podría resultar insuficiente para alguien perteneciente a la clase media de Moscú puede representar una fortuna en una comunidad rural, una región empobrecida de Rusia o un país latinoamericano con salarios considerablemente inferiores.
Por eso, el reclutamiento militar no se distribuye de manera uniforme. Sus efectos recaen con mayor fuerza sobre sectores vulnerables: hombres desempleados, personas con deudas, migrantes que buscan regularizar su situación, ciudadanos con antecedentes penales y familias que difícilmente podrían acumular una cantidad semejante mediante un empleo ordinario.
El sistema convierte la desigualdad económica en una fuente de soldados. No obliga necesariamente mediante una orden directa, pero crea una presión poderosa: cuando la alternativa es continuar atrapado en la pobreza, una suma extraordinaria puede hacer que el riesgo de morir parezca aceptable.
En ese contexto, la decisión de ir a la guerra no siempre puede calificarse como completamente libre. Existe una distancia considerable entre quien se incorpora por convicción ideológica y quien firma porque necesita pagar una deuda, sostener a sus hijos o escapar de una situación económica desesperada.
¿Rusia les paga a mercenarios?
En el lenguaje político y mediático es frecuente llamar “mercenarios” a todos los extranjeros que participan en un conflicto armado a cambio de dinero. Sin embargo, jurídicamente el concepto es más limitado.
Una persona extranjera que firma un contrato formal y queda incorporada a las fuerzas armadas de un Estado no necesariamente puede considerarse mercenaria conforme al derecho internacional. Para recibir esa calificación deben cumplirse varias condiciones, entre ellas haber sido reclutada específicamente para combatir, actuar principalmente por beneficio privado y no formar parte oficialmente de las fuerzas armadas de una de las partes.
Por eso, lo más preciso es hablar de soldados contratados, reclutas extranjeros o combatientes remunerados, dependiendo de cada caso. La incorporación formal a un ejército puede cambiar su condición jurídica, aunque no elimina el debate moral sobre el uso de incentivos económicos para atraer personas a una guerra.
Rusia, además, ha facilitado el acceso a la ciudadanía para determinados extranjeros que firman contratos militares. El proceso puede extender beneficios a sus familiares y reducir significativamente los plazos ordinarios. La ciudadanía deja así de ser únicamente un vínculo jurídico con el Estado y pasa a funcionar como una recompensa por el servicio militar.
La contradicción rusa
Existe una evidente contradicción en el discurso de Moscú. Rusia denuncia como “mercenarios” a los extranjeros que combaten en las filas ucranianas, pero al mismo tiempo utiliza dinero, beneficios migratorios y otros incentivos para incorporar extranjeros a sus propias fuerzas.
Recientemente, el representante especial del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Rodión Miróshnik, afirmó que más del 40 % de los combatientes extranjeros del lado ucraniano serían latinoamericanos. También aseguró que alrededor de 16,000 extranjeros estarían participando en las filas de Ucrania.
Estas cifras no han sido verificadas de manera independiente y deben presentarse como una afirmación del Gobierno ruso, no como un hecho definitivamente comprobado.
La discusión demuestra que ambos bandos comprenden el valor estratégico de los combatientes extranjeros. En una guerra de desgaste, cada soldado incorporado representa una persona menos que debe ser movilizada dentro del propio país y una oportunidad adicional para reemplazar las bajas del frente.
El problema no es solamente quién utiliza extranjeros, sino la manera en que ambos gobiernos emplean el lenguaje. El combatiente extranjero del bando propio suele ser presentado como voluntario o soldado internacional; el que lucha para el enemigo es llamado mercenario.
¿Por qué este sistema le conviene a Rusia?
La principal ventaja para el Kremlin es política. Pagar cantidades extraordinarias por contratos voluntarios resulta menos peligroso que ordenar una nueva movilización general.
La movilización parcial decretada en septiembre de 2022 provocó protestas, temor y la salida de cientos de miles de rusos del país. Repetir una medida semejante podría afectar la estabilidad interna, aumentar el rechazo a la guerra y llevar el conflicto directamente hasta los hogares de sectores sociales que hasta ahora han podido observarlo desde cierta distancia.
El reclutamiento remunerado permite mantener una apariencia de voluntariedad. El Estado no necesita presentarse abiertamente como una autoridad que obliga a sus ciudadanos a combatir. Puede decir que las personas firmaron libremente, aunque detrás de muchas decisiones existan deudas, pobreza o falta de alternativas.
También permite distribuir el impacto de la guerra lejos de los centros políticos y económicos más influyentes. Cuando los reclutas proceden principalmente de regiones rurales, comunidades empobrecidas, cárceles o poblaciones extranjeras, la muerte y las heridas se concentran en sectores con menor capacidad para presionar al poder.
Desde el punto de vista económico, Rusia está transformando recursos financieros en fuerza militar. Mientras conserve ingresos suficientes y capacidad presupuestaria, puede utilizar el dinero para sustituir parcialmente la necesidad de una movilización nacional.
El cálculo es frío: para un gobierno, pagar varios millones de rublos por un recluta puede resultar políticamente más barato que imponer el servicio militar a un profesional de Moscú, paralizar empresas, provocar una nueva ola migratoria o despertar una protesta social de mayores dimensiones.
El precio que no aparece en el contrato
El costo real de un soldado no termina con el bono de contratación. A ese dinero deben añadirse los salarios, entrenamientos, uniformes, armas, alimentación, transporte, atención médica, indemnizaciones por heridas, compensaciones a las familias de fallecidos y pensiones futuras.
Cada recluta genera una obligación económica que puede prolongarse durante años. Si regresa con una discapacidad física o con consecuencias psicológicas, el Estado tendrá que asumir, al menos formalmente: su atención y manutención.
También existe un costo social difícil de calcular. Miles de hombres regresarán con traumas, lesiones y dificultades para reintegrarse a la vida familiar y laboral. Otros no regresarán. Sus comunidades perderán trabajadores, padres, hijos y potencial productivo.
Los altos salarios militares también pueden distorsionar el mercado laboral. Las fábricas, empresas agrícolas y negocios civiles deben competir con pagos que únicamente el presupuesto de guerra puede ofrecer. Esto aumenta la escasez de trabajadores, presiona los salarios y profundiza la dependencia económica de determinadas regiones respecto del gasto militar.
La guerra puede estimular temporalmente la producción, pero una economía acostumbrada a fabricar armas y compensar muertes no necesariamente está construyendo prosperidad. Está desplazando recursos que podrían destinarse a educación, salud, infraestructura y desarrollo.
¿Realmente le conviene a largo plazo?
La estrategia puede ser conveniente para Rusia en el corto y mediano plazo porque le permite sostener las operaciones, reemplazar bajas y reducir la posibilidad de una movilización impopular. Pero afirmar que resulta beneficiosa a largo plazo sería ignorar sus consecuencias.
Rusia enfrenta una realidad demográfica compleja. Cada hombre joven muerto, herido o incapacitado representa una pérdida para el mercado laboral, la formación de familias y el crecimiento futuro del país. Reclutar extranjeros puede aliviar parcialmente esa presión, pero no elimina el costo humano ni la necesidad de integrarlos posteriormente en la sociedad.
Tampoco existe garantía de que los incentivos actuales sigan siendo suficientes. Cuando aumenta el riesgo percibido, también debe aumentar el precio ofrecido. El incremento constante de los bonos puede interpretarse como una señal de que resulta cada vez más difícil convencer a las personas de firmar.
El dinero compra contratos, pero no necesariamente compra motivación, disciplina o lealtad. Un ejército sostenido principalmente por necesidad económica puede enfrentar problemas diferentes a uno movilizado por convicción, identidad nacional o defensa directa del territorio.
Además, mientras más dinero se ofrezca, más evidente se vuelve una pregunta incómoda: si la guerra cuenta con tanto respaldo popular como afirma el Gobierno ruso, ¿por qué es necesario pagar cantidades tan extraordinarias para conseguir soldados?
América Latina frente al mercado de la guerra
Para América Latina, el asunto exige atención. La región cuenta con militares retirados, jóvenes desempleados y poblaciones vulnerables que pueden convertirse en objetivos de redes de reclutamiento.
Las ofertas pueden presentarse como contratos de seguridad, empleos de protección, trabajos de construcción o servicios alejados del frente. Cuando la persona descubre las verdaderas condiciones, puede encontrarse en otro país, sin dominio del idioma, sin documentos y sometida a una estructura militar de la que resulta difícil escapar.
República Dominicana no está completamente alejada de esta realidad. La difusión en redes sociales del caso de Juan Carlos Ávila Espaillat, un dominicano que asegura combatir en las filas rusas, demuestra que una guerra distante puede alcanzar directamente a ciudadanos de nuestro país.
Hasta el momento no existe información pública suficiente para establecer cuántos dominicanos podrían estar participando en el conflicto. Precisamente por eso, las autoridades deberían prestar atención a posibles mecanismos de reclutamiento, verificar las ofertas de trabajo relacionadas con zonas de guerra y fortalecer la orientación consular.
El verdadero rostro del reclutamiento
La guerra moderna no solamente destruye ciudades: también estudia las necesidades humanas. Identifica quién tiene deudas, quién necesita trabajo, quién desea obtener una ciudadanía y quién está dispuesto a asumir un riesgo extremo para garantizar el futuro económico de su familia.
En ese mercado, la vulnerabilidad se convierte en materia prima.
Rusia puede presentar estos contratos como oportunidades y los reclutas pueden verlos como una salida. Pero detrás de cada bono existe una pregunta que ningún pago puede responder: ¿cuánto vale realmente una vida?
Los gobiernos pueden calcular salarios, indemnizaciones y pensiones. Pueden asignar una cifra al reclutamiento, a una herida o a una muerte. Sin embargo, el precio político, social y humano de una generación marcada por la guerra será mucho más difícil de pagar.
Porque los misiles se compran, los uniformes se fabrican y los contratos se firman. Pero cuando un Estado necesita convertir la pobreza y las deudas en instrumentos de reclutamiento, ya no solamente está financiando una guerra: está comprando seres humanos para sostenerla.
Annie Fernández Selman
