La incorporación del país a esta iniciativa internacional reafirma la soberanía nacional para definir sus políticas de salud y abre un nuevo debate sobre los derechos reproductivos.
Santo Domingo.— El Gobierno dominicano formalizó su adhesión a la Declaración del Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, una iniciativa internacional que coloca la protección de la vida, la maternidad y el núcleo familiar entre sus principales fundamentos.
El acuerdo fue suscrito el 2 de septiembre de 2026 por el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó Haza; la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, y Bethany Kozma, secretaria de la declaración y directora de la Oficina de Asuntos Globales del Departamento de Salud y Servicios Humanos estadounidense. El instrumento entró en vigor el mismo día de su firma.
Con esta decisión, República Dominicana se incorpora a una coalición integrada por más de 40 naciones que defienden el derecho soberano de cada Estado a establecer sus políticas sanitarias, sociales y familiares de acuerdo con su Constitución, sus leyes y su realidad nacional.
Durante el acto, el canciller Bisonó sostuvo que la firma refleja principios ya presentes en la Carta Magna dominicana, entre ellos la igualdad de la mujer ante la ley, su derecho a desarrollar plenamente sus capacidades y la protección de la familia como fundamento de la sociedad.
Una decisión con alcance político y social
Aunque su nombre destaca la salud femenina y el fortalecimiento familiar, la Declaración del Consenso de Ginebra posee una dimensión política importante. El documento sostiene que no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación para que los Estados lo financien o faciliten.
También establece que cualquier modificación relacionada con el aborto debe decidirse mediante los procesos legislativos internos de cada país. Al mismo tiempo, promueve el acceso de las mujeres a la educación, los servicios sanitarios, las oportunidades económicas y la participación política.
La adhesión no modifica automáticamente las leyes dominicanas ni sustituye las atribuciones del Congreso Nacional. Se trata de una declaración política y de cooperación internacional que orienta la posición del país dentro de organismos multilaterales y futuras discusiones sobre salud, familia y derechos reproductivos.
Sin embargo, la decisión adquiere especial relevancia en República Dominicana, donde el aborto continúa siendo uno de los asuntos más sensibles y debatidos, particularmente por la discusión pendiente alrededor de las tres causales.
Recepción en la residencia de la embajadora
Como parte de las actividades relacionadas con la incorporación del país, la embajadora Leah Campos ofreció una recepción en su residencia. Al encuentro asistieron la vicepresidenta Raquel Peña; el canciller Víctor Bisonó; el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, y Bethany Kozma, quien viajó desde Washington para participar en la firma y transmitir un mensaje del presidente estadounidense Donald Trump.
La diplomática destacó que la entrada de República Dominicana fortalece una alianza internacional construida alrededor de los valores de fe, familia, libertad, maternidad y protección de la vida.
La iniciativa fue promovida originalmente en 2020, durante la primera administración de Trump. En agosto de 2026, Estados Unidos retomó formalmente la Secretaría del Consenso y anunció que dirigiría su agenda mediante un esfuerzo conjunto de los departamentos de Estado y de Salud y Servicios Humanos.
Del compromiso a los resultados
La firma coloca ahora sobre el Estado dominicano el desafío de convertir los principios proclamados en políticas públicas verificables. Defender la vida y la familia exige mucho más que una declaración diplomática: implica reducir la mortalidad materna e infantil, garantizar atención médica digna, proteger a las mujeres frente a la violencia y ampliar las oportunidades para madres, niñas y familias vulnerables.
La verdadera trascendencia de esta adhesión se medirá en los hospitales, las escuelas y las comunidades. Será allí donde deberá demostrarse si el compromiso asumido se traduce en mayor protección, mejores servicios y condiciones de vida más dignas para las mujeres y las familias dominicanas.
