Cinco equipos especializados investigarán las condiciones sanitarias, el cumplimiento de los protocolos y las posibles fallas en la atención materno-infantil
Santo Domingo.— El Ministerio de Salud Pública inició la intervención simultánea de ocho hospitales del país, luego de que la muerte de 17 recién nacidos en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia encendiera las alarmas sobre la seguridad y la calidad de la atención neonatal en la red pública.
Los fallecimientos ocurrieron entre el 1 y el 24 de agosto, período durante el cual el centro registró 266 nacidos vivos y recibió a 90 bebés en sus unidades de cuidados intensivos neonatales. Según la información ofrecida por el Servicio Nacional de Salud, tres de los neonatos fallecidos presentaron microorganismos multirresistentes y eran pacientes muy prematuros.
Las autoridades explicaron que las restantes 14 defunciones estuvieron asociadas principalmente con condiciones médicas de alta complejidad, entre ellas prematuridad extrema, anomalías congénitas, gastrosquisis, cardiopatías e hipertensión pulmonar.
Sin embargo, la gravedad de los hechos obliga a determinar si esas condiciones clínicas fueron atendidas correctamente y si existieron infecciones hospitalarias, fallas de higiene, deficiencias en los protocolos o limitaciones en los recursos que redujeron las posibilidades de supervivencia de los pacientes.
Una intervención que abarcará varias provincias
El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, informó que cinco equipos especializados fueron enviados a los centros seleccionados para realizar una evaluación técnica integral.
Los hospitales intervenidos son:
- Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, Distrito Nacional.
- Hospital Universitario Maternidad San Lorenzo de Los Mina, Santo Domingo Este.
- Hospital Presidente Estrella Ureña, Santiago.
- Hospital Nuestra Señora de la Altagracia, Higüey.
- Hospital Alejandro Cabral, San Juan de la Maguana.
- Hospital Universitario Marcelino Vélez Santana, Santo Domingo Oeste.
- Hospital Municipal de Verón, La Altagracia.
- Hospital Ángel Contreras, Monte Plata.
La intervención no contempla, por el momento, la destitución o sustitución de los directivos hospitalarios. Su propósito declarado es identificar las brechas existentes, establecer responsabilidades y ordenar medidas correctivas con responsables y fechas específicas.
¿Qué investigarán los equipos?
La evaluación abarcará la vigilancia epidemiológica, el control de infecciones y las condiciones de higiene y bioseguridad dentro de las unidades maternas y neonatales.
También serán revisadas la calidad del agua, el saneamiento, el manejo de los desechos hospitalarios, la disponibilidad de medicamentos e insumos, la seguridad de los pacientes, el estado de la infraestructura y el cumplimiento de los protocolos durante el embarazo, el parto y la atención del recién nacido.
El levantamiento tendrá una duración máxima de 15 días. Al concluir, las autoridades deberán elaborar informes individuales de cada hospital, presentar un diagnóstico general y establecer planes correctivos obligatorios. Los resultados serán entregados al Gabinete de Salud, coordinado por la Vicepresidencia de la República.
La intervención debe producir respuestas
La medida representa una reacción necesaria, pero su verdadero valor dependerá de los resultados. No puede limitarse a inspecciones, reuniones técnicas o recomendaciones generales que posteriormente queden archivadas.
Las familias afectadas y la sociedad dominicana necesitan conocer qué ocurrió, cuáles factores incidieron en cada fallecimiento y si alguna de esas muertes pudo evitarse. También deben establecerse responsabilidades cuando se comprueben incumplimientos, negligencias o fallas administrativas.
Resulta especialmente preocupante que esta situación se produzca mientras las autoridades reportan una reducción de un 30.1 % en la mortalidad neonatal dentro de los hospitales públicos entre enero y julio de 2026, en comparación con el mismo período de 2019. Ese avance estadístico no resta gravedad a las 17 muertes ni sustituye la obligación de investigar cada caso.
Cada recién nacido que pierde la vida representa una familia marcada para siempre. Investigar las muertes no es únicamente una responsabilidad técnica: constituye un deber humano, sanitario e institucional.
La población espera que dentro de 15 días el país no reciba solamente explicaciones, sino resultados verificables, responsabilidades claramente establecidas y medidas capaces de impedir que una tragedia semejante vuelva a repetirse.
