El senador Cristóbal Castillo sometió un proyecto que crea una autoridad nacional, establece la carrera bomberil y procura garantizar estabilidad laboral, capacitación, seguridad social y mejores equipos para los bomberos dominicanos.
Santo Domingo.– El senador por Hato Mayor, Cristóbal Castillo, sometió ante el Senado de la República el proyecto de Ley General de los Cuerpos de Bomberos, una iniciativa que busca transformar un sistema marcado durante décadas por la falta de recursos, la desigualdad entre municipios y la inestabilidad laboral de sus integrantes.
La propuesta crea la Dirección General de Cuerpos de Bomberos como órgano rector y de coordinación técnica del sistema, además de establecer formalmente la Carrera Especial Bomberil.
El objetivo es que el ingreso, la permanencia y los ascensos de los bomberos dependan de la preparación, el mérito, la disciplina y la evaluación profesional, y no de relaciones políticas ni de los cambios administrativos producidos en los ayuntamientos.
Estabilidad frente a las cancelaciones políticas
Uno de los puntos más importantes del proyecto procura impedir las cancelaciones arbitrarias de intendentes y otros mandos técnicos.
La propuesta establece que estos funcionarios solo podrán ser separados por causas justificadas y mediante el debido proceso. Con ello se busca evitar que la experiencia acumulada por los cuerpos de bomberos desaparezca cada vez que cambia una gestión municipal.
La carrera bomberil regularía el ingreso, los ascensos, la movilidad, el régimen disciplinario y el retiro de sus integrantes, proporcionando una estructura profesional similar a la existente en otras instituciones de seguridad y respuesta.
Una autoridad nacional sin eliminar el mando municipal
La Dirección General de Cuerpos de Bomberos tendría la responsabilidad de definir políticas, protocolos y estándares comunes para la prevención y respuesta ante incendios, accidentes, rescates y otras emergencias.
Sin embargo, el proyecto especifica que esta institución no sustituiría el mando local ni eliminaría la autonomía de los ayuntamientos.
Su función sería coordinar un sistema que actualmente presenta profundas diferencias entre demarcaciones: mientras algunas estaciones poseen camiones, herramientas y personal capacitado, otras deben responder a grandes emergencias con recursos extremadamente limitados.
Protección social para una profesión de alto riesgo
La iniciativa también contempla seguros de vida y riesgos laborales, atención a la salud física y mental, equipos adecuados de protección y un régimen complementario de retiro acorde con los peligros que enfrentan estos servidores.
Asimismo, propone la creación de una Academia Nacional de Bomberos para unificar la formación, actualizar los conocimientos técnicos y garantizar que el personal esté preparado para atender emergencias cada vez más complejas.
Los bomberos no solo enfrentan incendios. También intervienen en accidentes de tránsito, derrumbes, inundaciones, rescates y situaciones que pueden exponerlos a sustancias tóxicas, lesiones graves y experiencias emocionalmente traumáticas.
Financiamiento para que la ley no quede en el papel
El proyecto plantea mecanismos permanentes de financiamiento mediante aportes del Gobierno central, los gobiernos municipales y un Fondo Nacional.
Los recursos serían destinados al fortalecimiento de las estaciones, la adquisición y reparación de vehículos, compra de equipos, combustible, capacitación y operaciones de emergencia.
Este componente será determinante. Crear nuevas instituciones y reconocer derechos no será suficiente si las estaciones continúan sin presupuesto para mantener sus camiones, renovar las mangueras o adquirir herramientas de protección.
El Gobierno había reconocido anteriormente las precarias condiciones económicas del sector y destinado recursos para elevar a RD$15,000 la compensación mensual de más de 3,000 miembros. Sin embargo, la dignificación bomberil requiere una solución estructural y no solamente aportes administrativos temporales.
El proyecto todavía no es ley
La iniciativa deberá superar el estudio legislativo, la aprobación de ambas cámaras y la promulgación del Poder Ejecutivo antes de entrar en vigencia.
Su discusión representa una oportunidad para escuchar a los cuerpos de bomberos, los ayuntamientos, los especialistas en gestión de riesgos y las comunidades que dependen de estos servicios.
La República Dominicana no puede continuar exigiéndoles heroísmo a personas que, en numerosos municipios, trabajan sin estabilidad, sin protección suficiente y con equipos deteriorados.
Profesionalizar a los bomberos no es concederles un privilegio. Es fortalecer la seguridad de toda la población y saldar una deuda con quienes entran al peligro cuando todos los demás intentan salir.
