La iniciativa crea una autoridad especializada, endurece las sanciones y establece mayores controles para proteger a menores y combatir las operaciones ilegales.
El Senado de la República aprobó la iniciativa legislativa que establece un nuevo marco de regulación para los juegos de azar en el país, incluyendo loterías, bancas de apuestas, casinos, máquinas tragamonedas y plataformas digitales.
El proyecto, presentado por los senadores Félix Bautista y Pedro Catrain, había sido aprobado previamente por la Cámara de Diputados con varias modificaciones, las cuales fueron acogidas posteriormente por la cámara alta. Tras completar el proceso congresual, la pieza deberá ser remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.
Una de las medidas más contundentes es la prohibición, durante un período de diez años, de instalar nuevas bancas de lotería en el territorio nacional. La decisión procura frenar la expansión descontrolada de estos establecimientos y facilitar el ordenamiento de un sector que durante décadas ha sido cuestionado por la proliferación de negocios sin autorización y por la cercanía de algunos locales a escuelas, iglesias y zonas residenciales.
La normativa contempla la creación de la Dirección General de Juegos de Azar, un organismo especializado encargado de autorizar, supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades relacionadas con el sector. Su conducción sería colegiada y contaría con garantías de independencia frente a las empresas y establecimientos sometidos a vigilancia.
Entre sus disposiciones también se encuentran mayores controles tecnológicos, mecanismos para comprobar la identidad y edad de los jugadores, medidas para prevenir la ludopatía y obligaciones dirigidas a garantizar un juego responsable. Además, procura ampliar la fiscalización de las apuestas realizadas a través de plataformas digitales, una modalidad que ha experimentado un crecimiento acelerado.
La pieza establece consecuencias para quienes operen fuera de la legalidad o incumplan sus obligaciones. Las sanciones incluyen multas, suspensión o pérdida de licencias, cierre de establecimientos, inhabilitación de administradores y penas de prisión en los casos más graves.
Otro de sus objetivos es fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de activos y mejorar la trazabilidad de las operaciones financieras vinculadas con apuestas, sorteos y juegos electrónicos. Los operadores deberán cumplir requisitos más estrictos de registro, transparencia y suministro de información a las autoridades.
La aprobación representa un paso importante para organizar una actividad que genera empleos e ingresos fiscales, pero que también supone riesgos sociales cuando funciona sin supervisión adecuada. La efectividad de la reforma dependerá de su aplicación, de la capacidad real de fiscalización y de que las nuevas reglas se cumplan por igual, tanto para los pequeños establecimientos como para los grandes operadores.
Más que aumentar la cantidad de lugares donde apostar, el desafío del Estado será controlar los existentes, combatir la ilegalidad y proteger especialmente a los menores y a las personas vulnerables frente a la adicción al juego.
